El Estado tiene el deber de promover el desarrollo, así lo señala la Constitución de la República y varios instrumentos de derechos humanos. El derecho al desarrollo se aprobó en 1986, completando las declaraciones de derechos humanos de 1946 y de derechos económicos, sociales y culturales de 1976.
El desarrollismo implementado a partir de la segunda guerra mundial impuso la visión del crecimiento económico (bienestar material).
Más adelante la visión desarrollo humano, impulsada desde las Naciones Unidas, sobre la base del enfoque de capacidades de Amartya Sen, ubicó nuevamente a las personas en el centro del desarrollo, y dio paso a la generación de agendas globales de desarrollo: los ODM para el periodo 2000-2015 y los ODS entre 2016 y 2030.
El desarrollo es la búsqueda de bienestar. Es sin duda una noción con alta carga política, cultural y aspiracional. Requiere de profundos procesos participativos para escuchar y entender las necesidades y deseos de las personas.
En las últimas semanas Bolivia y Chile han dado muestras contundentes de esto. A once meses del golpe de Estado contra Evo Morales, las preferencias electorales ratificaron el deseo de mantener un modelo de desarrollo centrado en las personas.
En Chile, a un año de las manifestaciones de octubre, una abrumadora mayoría votó por cambiar la Constitución que dejó como herencia la dictadura de Pinochet.
En Ecuador, a un año de las manifestaciones de octubre, el gobierno profundiza las políticas del FMI, eliminó el subsidio a los combustibles, y continúa señalando como vándalos a quienes lideraron las manifestaciones sociales. “No hay peor sordo que el que no quiere oír”.
A menos de cuatro meses de ir a las urnas para votar por Presidente o Presidenta de la República y por Asambleístas a la Función Legislativa, hay que escuchar las preocupaciones de la ciudadanía y evaluar el estado del desarrollo en el país.
En este sentido, en un esfuerzo entre la academia, la sociedad civil y la función pública, se publicó hace poco el informe ¿Cómo está el desarrollo en Ecuador? Perspectivas desde el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030, que da cuenta del nivel de avance o retroceso de las metas de desarrollo del país, y constituye una lectura obligada para quienes quieren conducir al Ecuador en los próximos años.
El debate para las elecciones nacionales debe centrarse en prioridades de desarrollo, y en dar respuesta a las preocupaciones y necesidades de las personas. Como un aporte a los desafíos del nuevo gobierno se pueden identificar los siguientes:
- Reducir la morbilidad y mortalidad por Covid-19.
- Erradicar la pobreza en todas sus formas.
- Universalizar el acceso a agua segura y a saneamiento mejorado.
- Universalizar la protección social.
- Ampliar la cobertura y dar sostenibilidad a la seguridad social.
- Lograr pleno empleo digno.
- Erradicar la malnutrición.
- Eliminar brechas de acceso a salud y educación.
- Garantizar la autonomía física de las mujeres: erradicar la violencia sexual y prevenir el embarazo adolescente.
- Erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres.
- Potenciar el crecimiento económico, pro-pobre e intensivo en trabajo.
- Fomentar el cambio estructural para ampliar la productividad de la economía.
- Dar sostenibilidad fiscal a la prestación de bienes y servicios públicos.
- Equilibrar la balanza de pagos y fortalecer la dolarización.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
