Rafael Correa, quien se proclamaba jefe de todos los poderes, no habría imaginado jamás que un día estaría abocado a esperar una sentencia de prisión de ocho años, por una trama de corrupción de su gobierno.

Tampoco habría sospechado que sería una mujer, sin más escudo que su dignidad y firmeza, y con la ley en la mano, la que pidiese la máxima sentencia agravada por el delito de cohecho.

La acusación de la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, como autor mediato del delito por dominio de organización, significa que Correa era quien daba las órdenes para que se cometiera el ilícito en el caso llamado Sobornos 2012-2016.

Todo comenzó cuando a inicios de mayo de 2019 Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, fue detenida en Guayaquil, mientras intentaba tomar un nuevo vuelo a México, apenas bajada de otro vuelo del exterior.

Tras la denuncia del caso “Arroz Verde”, una investigación de Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano, en los portales La Fuente y Mil Hojas, la Fiscalía había abierto una indagación previa, actuando con diligencia.

La denuncia daba cuenta de contribuciones de Odebrecht y otras empresas a Alianza País (AP), para la campaña electoral del binomio Rafael Correa-Jorge Glas, a cambio de grandes obras, y con sobrecostos.

Detener a Martínez y trasladarla de inmediato a Quito fue decisivo. Tras las primeras acciones legales y la prisión preventiva, se detuvo también a Laura Terán; las dos habían trabajado para Correa en la Presidencia de la República.

De inmediato, en sendos allanamientos se encontraron teléfonos, computadoras, cuadernos, manuscritos, una caja fuerte, estados bancarios y otros objetos usados para una suerte de contabilidad paralela de los gastos de campaña de AP.

Pamela Martínez y su asistente Laura Terán, que se acogieron a la colaboración eficaz, entregaron los suficientes elementos de convicción a la jueza de garantías penales, Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, que actuó en consecuencia. 

Pieza fundamental en la investigación fue una libreta de anotaciones que se encontró en la chimenea en el departamento de Pamela Martínez.

El hallazgo fue asombroso. Al más puro estilo de las mafias, se usaban códigos para recibir los sobornos. El de Rafael Correa era SP (señor presidente); el de Jorge Glas, SVP (señor vicepresidente). Ministros y altos cargos también tenían sus claves.

Por si fuera poco, un archivo Excel, con 60.000 documentos encontrados en la computadora de Terán, más correos electrónicos completaron la información: datos de las empresas, teléfonos de contacto y registro de contribuyentes evidenciaban la trama.

Los contratistas y sus empresas entregaban dinero en efectivo o por cruce de facturas; así se pagaban los gastos de AP y hasta fiestas de cumpleaños de funcionarios. 

Tres meses después, en agosto de 2019, la jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva de Correa, sus funcionarios y los empresarios implicados, acogiendo el pedido de la fiscal general Diana Salazar.

Así llegamos a marzo de 2020 y a la acusación de la fiscal general y el pedido de 8 años para Correa, funcionarios y empresarios.

La lista de implicados es grande e incluye personajes cercanos al expresidente. Allí están Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla, Christian Viteri. 

Entre los acusados está también Rafael Córdova, Víctor Fontana, Bolívar Sánchez, Ramiro Galarza, Edgar Salinas, Teodoro Calle, Pedro Verduga, Mateo Choi y William Phillips, empresarios que intervinieron en la confabulación.

Pamela Martínez y Laura Terán, que se acogieron a la cooperación eficaz, tendrán una mínima pena; se les rebajará hasta el 90% de la misma.

¿Qué pensará Rafael Correa de que cuatro mujeres: Laura Terán, Pamela Martínez, Daniella Camacho y Diana Salazar le tengan hoy a las puertas del averno? 

Para quien decía que dudaba de que la equidad de género mejore la democracia, pero estar seguro de que mejora la farra, la actuación de Daniella Camacho y Diana Salazar debe ser una suerte de karma. 

Claro que la sentencia la darán los jueces que integran el Tribunal de Juzgamiento: Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela. Pero nadie olvidará jamás el papel determinante de las mujeres, en el caso Sobornos 2012-2016, más conocido como “Arroz Verde”, para arrinconar a Rafael Correa.