Economía y Desarrollo
A dónde apunta y de qué depende el plan económico del nuevo gobierno
Andrés Mideros Mora

Andrés Mideros Mora

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

15 Jun 2021 - 19:35

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, presentó tres ejes para la política económica inicial del gobierno de Guillermo Lasso: crecimiento económico sostenido y ambientalmente amigable, que genere empleo de calidad; estabilización fiscal con equidad; y manejo honesto y transparente de los recursos públicos.

Sobre la reactivación económica poco se ha dicho de forma específica. Hay una prioridad que es la vacunación, y se ha anunciado la disponibilidad de más de USD 500 millones para este fin. No hay duda de que, sin inmunización y sin un plan claro de acción frente a nuevas cepas de Covid-19, la reactivación no es viable.

Crecimiento económico sostenido y ambientalmente amigable, que genere empleo de calidad.

Adicionalmente, la apuesta del nuevo gobierno es la apertura comercial. Preocupa que terminemos comprando más de lo que vendemos y, por ende, perdiendo. Las proyecciones del Banco Central del Ecuador (BCE) estiman, justamente, que las exportaciones crezcan en 2,8%, en 2021, frente a un 3,3% de las importaciones.

Si no cambiamos la estructura productiva del país hacia un mayor valor agregado nacional y una menor dependencia de insumos importados, los riesgos del aperturismo pueden ser mayores a los beneficios esperados.

Estabilización fiscal con equidad.

En cuanto al manejo honesto y transparente de los recursos públicos, que no es un eje de política pública, sino un principio y una obligación; y aunque no se ha señalado que se hará en este sentido, no hay mucho que decir. Así debe ser, y si no lo es, el control político, social y legal deben actuar sin tolerancia.

Manejo honesto y transparente de los recursos públicos.

El centro de los anuncios y de lo que se puede entender como la prioridad del gobierno es la reforma tributaria. Si bien el discurso es de solidaridad, entendido por la frase “el que más tiene, más paga”, la propuesta parece depender de dos negociaciones que están en marcha.

Por un lado, redefinir metas con el FMI para un ajuste gradual, en lugar del ajuste abrupto que aceptó Richard Martínez, antes de renunciar al ministerio para viajar a Washington a ser vicepresidente del BID, retirar la condicionalidad de subir el IVA, y obtener mayor financiamiento (que claramente es la principal fuente de financiamiento que se ha planificado).

Redefinir metas con el FMI para un ajuste gradual.

Y, en lo local, focalizar el subsidio a los combustibles de manera negociada con el sector de transportistas para detener posibles efectos inflacionarios (por alza de pasajes y fletes), además de mitigar el riesgo de paralizaciones y protestas desde este sector (que se suma a la desmovilización lograda por el lado del acuerdo con Pachakutik en la Asamblea Nacional).

Del espacio le brinde el FMI al gobierno dependerá cuánto pueda suavizar las medidas; mientras que de qué tanto el gobierno logre desmovilizar o compensar a los sectores organizados de la sociedad podría marcar qué tanto puede endurecerlas.

Mientras se cierran estas negociaciones, se están barajando algunas alternativas.

Se ha señalado que una prioridad es el combate a la evasión y elusión fiscal. El ministro, citando a la CEPAL, señaló que cada año se pierden USD 7.600 millones en Ecuador. Lograr una mayor cultura tributaria y mejorar, mediante eficiencia, la recaudación sin duda debe priorizarse. Con menos del rubro estimado se podría cerrar el déficit fiscal.

Sin embargo, no se ha aclarado cómo se hará, y no se ha indicado la posición del gobierno frente al control y exigibilidad a grandes contribuyentes (más allá de establecer una unidad de análisis), la defraudación en aduanas, el combate a paraísos fiscales y la tributación de empresas transnacionales, que es justamente donde se esconden la evasión y la elusión.

Una prioridad es el combate a la evasión y elusión fiscal.

Una segunda prioridad, también adecuada, es la reducción del gasto tributario (impuestos que no se cobran por reducciones, deducciones y exenciones dadas por Ley) que en 2018 sumó USD 5.755 millones.

El 43% del gasto tributario corresponde al IVA, y no se deberían topar, por su relación con el precio de bienes de primera necesidad.

Mientras que el 50%, se relaciona con el impuesto a la renta, especialmente de sociedades (USD 2.181 millones), que es el rubro que se debe evaluar, para eliminar cualquier subsidio a empresas que no genere beneficio a la sociedad (nuevas plazas de empleo, mayor valor agregado, innovación tecnológica, aumento de exportaciones).

Finalmente, se ha anunciado que para aumentar los ingresos fiscales se apuesta a aumentar la producción de petróleo. Sin embargo, esto requiere importantes inversiones (con buen retorno, sin duda, vinculado al alza del precio del petróleo) que se deben financiar.

Si la inversión que se pretende es privada, se debe aclarar el precio que pagará el Estado a las empresas privadas, por producción, y la distribución de márgenes excedentarios por alzas del precio, antes de poder determinar si será beneficioso o no al país.

Aumentar la producción de petróleo. Sin embargo, esto requiere importantes inversiones.

A la fecha llama la atención que, entre enero y marzo, a pesar de contar con un mayor precio del petróleo en 2021 que en 2019 y 2020, los ingresos petroleros por exportación del Sector Público No Financiero (SPNF) sean USD 230 y USD 70 millones menos respectivamente, en el mismo trimestre. Estos rubros dan cuentas de negociaciones perjudiciales realizadas en el anterior gobierno, y que deberían ser revisadas y no repetidas.

Así mismo, si la inversión implica nueva exploración y explotación, se debe transparentar su impacto ambiental, y los controles y limites que se pondrán.

En este mismo sector, es necesario transparentar el traspaso al Estado del Oleoducto de Crudos Pesado (OCP) que será en 2023 (o mejor aún, adelantarse) y que sería altamente beneficioso en el marco de un aumento de producción; o saber si se va a extender la concesión, como los grupos privados interesados lo están promoviendo para que el Estado les siga pagando por el transporte del crudo.

El gobierno nacional inicia con mensajes que apuntan bien, en medio de una responsabilidad con la vida y la salud de las personas, en la que no hay más que desear éxito y apoyar, pero a medida que avanza el tiempo aumentan las preguntas y no hay respuestas concretas, en especial sobre como se manejará la economía y sus implicaciones sociales y ambientales.

Sobre el programa económico aún falta que se transparenten los detalles.

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