¿De dónde salen los jueces mediocres?

Como sucede cada semana en el equinoccial país, a un nuevo escándalo jurídico-político la discusión que sigue tiene relación con el nivel de formación profesional de quienes administran justicia. Jueces mediocres, jueces incapaces, jueces desconocedores de la ley.

Hasta ahí algunos de los adjetivos con los que, desde los medios de comunicación, la opinión pública, los funcionarios del Gobierno y los expertos en materia legal, castigan a jueces y juezas por sus decisiones.

En otros foros, los más punzantes y reveladores de nuestros códigos de comportamiento cultural, como son la tienda de la esquina, la cafetería de confianza o el encuentro casual con amigos, espacio ahora tan demandado y venido a menos, los términos son más fuertes, pero también más decidores de la realidad.

La conclusión a la que se llega en unos y otros casos es la misma: nuestros jueces saben poco sobre la materia que deberían saber. En ocasiones la deficiencia es tal que el símil con el plomero que no sabe cambiar un tubo de PVC no es una exageración.

Sin embargo, una valoración como la expuesta es superficial desde varios frentes. Uno de ellos, sin duda, es el relacionado con la injusticia que se comete juntando en el mismo costal a todos los jueces.

En efecto, en todas las instancias del Poder Judicial existen funcionarios de primer nivel, con gran formación académica y que, consistentemente, siguen preparándose intelectualmente para la enorme tarea social que tienen por delante.

Muchos de ellos incluso han logrado dar el gran paso de los estudios puramente jurídicos hacia aquellos que se ofrecen desde la Ciencia Política, la Sociología, la Economía o la Antropología.

Aunque parezca contradictorio, estos jueces y juezas con mayor bagaje profesional no suelen estar en la Corte Nacional sino en cortes provinciales y sobre todo en los juzgados de primera instancia.

Desafortunadamente, el país no cuenta con una evaluación precisa sobre la calidad de quienes administran justicia, por lo que lo dicho se basa esencialmente en cientos de entrevistas realizadas a jueces, abogados y personas que de una u otra forma están involucradas en el mundo judicial.

Otra de las superficialidades que está envuelta en la crítica mordaz a los jueces es que se pasa por alto una verdad indiscutible: las falencias académicas presentadas en el desempeño de ese tipo de cargo público deben ser imputadas, en buena medida, a las facultades de Derecho del país.

Allí, en las aulas universitarias está una de las causas que da cuenta de los resultados que tanto criticamos. Dicho de otro modo, un juez mediocre o con pocas destrezas es, prioritariamente, el fruto de la formación recibida en su época estudiantil.

No todas las facultades de Derecho deben sentirse aludidas, pero sí muchas de ellas, quizás la mayoría.

Puesto que esta carrera universitaria es de las que requiere menos recursos económicos y humanos para ponerla en marcha y, al mismo tiempo, genera mayor matrícula, ahí salta a la vista el porqué de tanta mediocridad y el porqué de tanto abogado en el país.

Si a eso se suma que los profesores no suelen dedicarse a tiempo completo a la docencia e investigación, sino que son profesionales que ejercen en la esfera privada o pública y que reservan un par de horas semanales a la universidad, esencialmente para autodefinirse como 'catedráticos', el triste resultado es que las deficiencias de los nuevos abogados y, esencialmente, de los jueces avanzan raudas y veloces.

En ese aspecto, para los gerentes-propietarios de las universidades a las que les calce el guante, siempre será más barato contratar muchos profesores por hora-clase que algunos que se dediquen exclusivamente a la formación y enseñanza del Derecho.

Desde luego que el docente que ejerce la profesión es clave y debe estar presente en las aulas, pero mientras el espacio para los de dedicación exclusiva no se incremente, la pobre discusión jurídica y los jueces de bajo nivel académico seguirán a la orden del día.

Por tanto, quizás es el momento de reorientar las críticas hacia la fuente del problema y allí las facultades de Derecho son las que deben dar respuestas.

Si de tener jueces competentes se trata, es necesario seleccionar a jóvenes profesionales que, provistos de bases sólidas adquiridas en la universidad, luego sean capacitados en cuestiones más específicas en una escuela judicial profesionalizada y provista de recursos económicos.

Ir en la búsqueda de jueces con buena formación que no sean el resultado de la educación formal e informal proveniente del propio Poder Judicial es cada vez es más complejo por una razón simple: los abogados con buen bagaje de conocimientos que están en el libre ejercicio profesional y que, como consecuencia de ello han adquirido ya una cartera respetable de clientes, no tienen incentivos económicos para dejar sus actividades privadas por la dura y poco reconocida labor de administrar justicia.

Básicamente se trata de una cuestión de mercado laboral: en la judicatura existe un salario mensual fijo mientras que en el campo de la asesoría particular se puede obtener lo mismo o mucho más a partir de un par de consultas o del patrocinio de una causa relevante.

Estas dificultades del mercado laboral están presentes también en la selección de jueces supremos/nacionales o constitucionales, aunque en dicho caso sí es posible que los más formados en Derecho y que no provienen del Poder Judicial postulen.

Para ello, dos condiciones deben operar. Por un lado, que el candidato tenga una vida económica resuelta, y esto en ocasiones tiene que ver con el tiempo de ejercicio profesional o el pasado económico familiar.

Por otro lado, y aún más importante, que el candidato perciba que el tribunal al que postula tiene credibilidad social y es bien valorado en el foro de profesionales del Derecho. Dicha respetabilidad no tiene que ver con la jerarquía normativa del tribunal sino con quienes lo integran.

En otras palabras, un jurista reconocido difícilmente buscará ser parte de una corte en la que quienes lo acompañarán son públicamente conocidos por su ignorancia en materia jurídica y/o por sus dudosos antecedentes éticos.

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Como país es imprescindible discutir las razones profundas de las deficiencias en un sector de quienes administran justicia. Ahí está el resultado social de un proceso cuya causa está, aunque no de forma exclusiva, en la lamentable formación de buena parte de nuestras facultades de Derecho.

Pasar del discurso epidérmico al profundo cuesta, pero al mismo tiempo puede generar cambios sociales sostenibles. Siempre será motivador preguntarse: ¿de dónde salen los jueces mediocres?