El Fondo Monetario Internacional (FMI) se prepara para la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por USD 650.000 millones, como apoyo a los países para que puedan enfrentar las secuelas de la crisis económica.
Los DEG son un activo de reserva internacional, considerados como una moneda universal. Los DEG no compran bienes o servicios directamente, pero pueden ser canjeados por monedas de libre uso como el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen y la libra esterlina, operación que se hace entre bancos centrales, por intermedio del FMI.
Los DEG no se imprimen, tampoco tienen respaldo de ningún tipo, son activos contables, dinero que se crea 'de la nada', por decisión de la Junta de Gobernadores del FMI, en representación de los Estados. Aumentan la posición de cada país ante el FMI y de esta manera expanden las reservas en los balances de los Bancos Centrales.
Cada país recibe los DEG en función de su participación de cuota en el FMI. Al Ecuador, con una cuota de 0,15%, le corresponderían alrededor de USD 975 millones, que aumentaran el activo del Banco Central del Ecuador (BCE) en la Reserva Internacional.
Al 9 de julio de 2021 (ultimo dato disponible), la reserva asciende a USD 5,830 millones, de los cuales USD 8 millones son DEG.
Este rubro es el que crecerá. Después, mediante un proceso de compra-venta que coordina el FMI, el BCE puede canjearlos por dólares.
Los DEG no generan obligación alguna ni al Estado ni al BCE. Lo beneficioso es que el BCE cuenta con mayor reserva y activo, para realizar aquellas operaciones que le son permitidas por Ley.
Desde el BCE y el Ministerio de Finanzas se ha dicho que estos recursos servirán para pagar atrasos.
Aquí viene el problema. Más allá de los anuncios, en Ecuador se le ha prohibido por Ley al BCE utilizar instrumentos de liquidez con el Estado y la Banca Pública.
Además, por Ley, únicamente la reserva puede cubrir los pasivos del Estado con los excedentes que queden una vez cubiertos los depósitos de la banca y otras sociedades de depósitos.
¿Cómo se piensa aprovechar estos recursos?
¿Se creará algún mecanismo a través de la banca privada? Lo que, en la práctica, implica la advertida privatización del manejo de la liquidez.
¿Se encontrará la forma de hacerle la 'trampa' a las leyes aprobadas en la administración anterior?, aumentando por algún lado las obligaciones del Estado con el BCE, y con el consecuente debilitamiento institucional de "hecha ley, hecha la trampa".
¿Se dirá, como en 2009, que existió un aumento extraordinario del patrimonio del BCE, y se transferirán las ganancias patrimoniales al accionista único que es el Ministerio de Finanzas?, aunque con las limitaciones que se aprobaron por Ley a inicios de año.
¿Se hará conciencia de la necesidad de devolverle al BCE los instrumentos de manejo de la liquidez y de apoyar al Ministerio de Finanzas para financiar la tan necesaria reactivación económica?
En cualquier caso, se requiere crear un mecanismo y quizá incluso una reforma legal urgente para revertir la Ley que le pidió el FMI al Ecuador, y que ahora no ayuda para usar el alivio que aprobó el FMI para el mundo.
Esperemos que los dogmas económicos, que motivaron la llamada 'Ley de Defensa de la Dolarización', no resulten en un disparo en el pie.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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