Domingo, 28 de abril de 2024
Economía y Desarrollo

La volátil institucionalidad social de Ecuador

Andrés Mideros Mora

Andrés Mideros Mora

Doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

8 Nov 2023 - 5:57

La institucionalidad social abarca las reglas y organización para la gestión de la política social, es decir, sobre las acciones públicas que promueven y garantizan el bienestar de las personas. Hace poco, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) publicó el informe de institucionalidad social en la región.

El informe da cuenta de que la calidad de la institucionalidad social y su gobernanza definen la efectividad de las políticas sociales, y por ende el logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En Ecuador, el Ministerio de Bienestar Social se creó mediante Decreto Supremo No. 3815 del 7 de agosto de 1979, publicado en el Registro Oficial el 12 de junio de 1980, para "formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de seguridad social, protección de menores, cooperativismo y la promoción popular y bienestar social".

El 8 de octubre de 1999 se fusiona con el Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos para conformar el Ministerio de Trabajo y Acción Social. El 2 de febrero de 2000 se separan nuevamente, y vuelve a denominarse Ministerio de Bienestar Social y se le otorga como función general el "instituir políticas de acción social para procurar mejorar la calidad de vida de la población, especialmente, en las comunidades y grupos humanos en los que se ha intensificado la situación de pobreza".

El 23 de septiembre de 2003 se cambia el nombre a Ministerio de Desarrollo Humano, pero el 28 de octubre del mismo año vuelve a llamarse Ministerio de Bienestar Social.

El 29 de agosto de 2007, cambia su denominación a Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) bajo el fundamento de que debe constituirse en el garante de los derechos económicos y sociales de la población ecuatoriana, con prioridad en los grupos pobres, excluidos y vulnerables pasando "de una política social meramente asistencial y dispersa a una política integrada que promueva el desarrollo social con inclusión económica y social, equidad y ciudadanía".

El 26 de noviembre de 2012, se decreta la integración al MIES del Programa de Protección Social (PPS) y del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) creados en los años 2000 y 2008, respectivamente.

Adicionalmente, el 15 de febrero de 2007 se creó el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) para la concertación de "las políticas y las acciones, que en el área social adopten las siguientes instituciones: Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Bienestar Social, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y Ministerio de Economía".

El 24 de mayo de 2017 se suprimieron los ministerios coordinadores, incluyendo el MCDS, que se transformó en la Secretaría Técnica del "Plan Toda Una Vida" para gestionar programas emblemáticos del gobierno de turno de atención a la primera infancia, juventudes, adultos mayores y personas con discapacidad. El 6 de julio de 2021, un nuevo gobierno transformó esta entidad en la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición.

Si bien Ecuador cuenta con instancias responsables de determinados sectores de la política social, eliminó la instancia de coordinación intersectorial, la cual cambia de gobierno a gobierno, restando estabilidad a las políticas sociales. Tampoco se ha logrado generar un sistema integrado de información, y los presupuestos asignados han sido volátiles en el marco de políticas de austeridad.

Las múltiples crisis que enfrenta el país (económica, política, ambiental, seguridad) repercuten en la calidad de vida de las personas, la débil institucionalidad social reduce la capacidad del Estado para proteger el bienestar. Es urgente fortalecer el sector social con presupuestos estables, gobernanza clara y planificación.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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