El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó las cifras de empleo, pobreza y desigualdad, con corte a diciembre de 2019.

En cuanto al empleo, la categoría de empleo adecuado cayó del 40,6% en diciembre de 2018 a 38,8%, mientras que el subempleo aumentó del 16,5% al 17,8%, son las peores cifras de los últimos 13 años. 

La situación es más severa en el área rural, donde el empleo adecuado es de apenas el 20,6%. Esto repercute de forma directa en el ingreso de los hogares y en su empobrecimiento.

Es así que el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso en el área rural alcanzó el 41,8%, que establece una tendencia al deterioro de las condiciones de vida de la población campesina.

Cuando se revisa la pobreza multidimensional, que mide condiciones estructurales, ésta se ubicó en el 38,1% en el plano nacional, siendo una diferencia no estadísticamente significativa frente al 37,9% de 2018. Sin embargo, en el área rural el cambio fue significativo, pasando del 67,7% al 71,1% (7 de cada 10 personas en el área rural son pobres multidimensionales).

De las 12 dimensiones que conforman el índice de pobreza multidimensional, aquellas que representan las mayores privaciones en el área rural son: servicio de agua por red pública, empleo inadecuado, logro educativo incompleto, no contribución al sistema de pensiones, déficit habitacional y falta de servicios de gestión de residuos.

Cubrir privaciones de acceso al agua potable y la gestión de residuos, es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales; la educación, la seguridad social y la política de vivienda es competencia del Gobierno Central; y el empleo depende del crecimiento económico y de la inversión privada y pública.

Reducir la pobreza requiere de inversiones públicas eficientes y debidamente priorizadas. Es urgente redefinir las prioridades para que la contracción económica no afecte a los más pobres. Es indispensable sostener el sistema nacional de protección social, especialmente en zonas rurales.