Un triunfo con amargo sabor a fraude. Luego de cuatro días de espera (uno de ellos matizado por un misterioso apagón informático de casi 24 horas), el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia finalmente oficializó los resultados de los comicios del pasado 20 de octubre: Evo Morales, con un margen de 10,57 puntos, ganó en primera vuelta la presidencia de Bolivia. 

A pesar de que el padrón electoral se incrementó en más de un millón de votantes desde la última elección presidencial de 2014, para esta contienda Morales registró 400.000 votos menos; de igual manera, el porcentaje del total de la votación de 2014 fue de 61,36%; mientras que para esta elección disminuyó hasta quedar en 47,08%. Luego de 15 años ininterrumpidos en el poder, se empieza a sentir el desgaste.

Uno de los principales hechos que explica este creciente desencanto se remonta a 2016 cuando el 51% de los bolivianos, a través de un referendo, se pronunció en contra de la reelección indefinida. Gracias a la complicidad del Tribunal Electoral y de la Corte Constitucional, Morales ha podido avanzar en su candidatura sin problema alguno, inobservando la voluntad popular expresada en las urnas.

Esta crisis de legitimidad, dados los últimos acontecimientos, aumentará significativamente. Por una parte, está circulando una serie de fotos y videos de cajas llenas de votos a favor del oficialismo, almacenadas en casas particulares, listas para ser trasladadas a las urnas. 

Previo al inesperado corte en la transmisión de datos, la distancia porcentual entre Morales y Mesa obligaba a celebrar una segunda vuelta que, según las estimaciones, hubiera favorecido a la oposición. Al día siguiente, una vez restablecido el sistema, inexplicablemente el resultado cambió en favor del triunfo en primera vuelta para Morales.

Estos dos sucesos han provocado un masivo levantamiento ciudadano que al unísono exige que se celebre una segunda vuelta electoral; pedido que además cuenta con el respaldo oficial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia, Brasil y Argentina.

Entre la oposición que está en las calles, a más de los tradicionales segmentos medios y altos, se empieza a visibilizar muchos actores -otrora incondicionales al régimen- que hoy no están dispuestos a aceptar el resultado. Por lo expuesto, esta profunda crisis de legitimidad del Presidente solo podría revertirse con un triunfo limpio y contundente en segunda vuelta, pero todos saben que no es posible.

Queda latente un mea culpa: si la oposición no se hubiese fraccionado, los 13 puntos alcanzados por el Partido Demócrata Cristiano y el movimiento “Bolivia Dice No” fácilmente hubiesen sido endosables a Mesa. La segunda vuelta hubiese sido inapelable.

Lecciones para el futuro y, sobre todo, para el resto de países de la región.