En estos años de pobreza, cuando la lotería del petróleo, los fondos, y el dinero conseguido por la vía del endeudamiento son ahora solamente un nostalgia irracional, nos vemos ante la cruda realidad de discutir al detalle cualquier gasto que tenga el Estado. Cosa que debimos hacer siempre, claro está.

La coyuntura electoral nos pone alertas sobre los USD 40 millones que el Gobierno va a pagar en publicidad para que los candidatos de los distintos movimientos se promocionen equitativamente.

Ahora, es importante señalar que esto no es un capricho reglamentario, de esos que en la pirámide de Kelsen no le ganan ni al reglamento del condominio.

Es un asunto que viene desde el artículo 115 de la Constitución: “El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de las propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias…”

Este mandato constitucional se ha expresado en el Código de la Democracia desde 2008, y desde esa época el billete fluyó en cada elección que hubo.

En el inciso cuarto del artículo 202 de este Código (uno de los artículos más largos que ha parido la legislación nacional) se dipone que: “El financiamiento comprenderá, de manera exclusiva, la campaña propagandística en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, en forma equitativa e igualitaria durante la campaña electoral…”.

No es difícil pensar mal y suponer que en esta década y pico algunos millones de esos dólares se dieron la vuelta con algún simple artilugio contable para caer en el bolsillo del candidato favorecido con el fondo. 

Ahora que siguen robando, pero ya no mandan presos a los denunciantes, seguramente se podrá encontrar algunas linduras entre medios de comunicación, agencias de publicidad y candidatos, seguramente.

Este fondo para garantizar de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate pudo ser una buena idea, pero resultó otro fracaso.

Además del abuso de los más sapos, y de que no se propició realmente ningún ‘debate‘, el CNE todavía adeuda  la cantidad de USD 31,8 millones por el pautaje de las elecciones de 2017 y 2019 a nivel nacional. Una tontera por donde se la mire.

La reacción en redes sociales ha sido que hay que eliminar este fondo, reclamar por el gasto cuando hay tantas áreas ignoradas, exigir a los partidos que renuncien a este dinero. Encuentro razón en los reclamos y pedidos.

Sobre esto hay dos noticias, una medio buena y otra muy mala:

La medio buena es que en febrero de este año del señor virus, hubo algunas reformas al Código de la Democracia, entre ellas la que dispone que: “Las organizaciones políticas o candidato que haya recibido financiamiento del Estado a través del Fondo de Promoción Electoral, deberán reintegrar el cincuenta por ciento (50%) de los valores y montos entregados por el Estado luego de la segunda elección cuando el mismo candidato no obtenga al menos un cuatro por ciento de los votos válidos en la respectiva dignidad, binomio o lista, según corresponda…”

Es decir, a partir de la próxima elección empieza el conteo y un riesgo parcial de devolución de la mitad del regalo. Algo es algo. Yo les hubiera clavado el 100%, pero en fin.   

La mala es que visto que no se trata de un capricho, sino de una ley, la única forma de que ese dinero no se gaste es la renuncia del propio candidato a utilizarlo, pues el Estado sigue obligado a entregarlo. 

Los electores (a los que nos interese este tema en particular) debemos exigir con la debida puntería al sujeto capaz de ahorrarnos esa platita, que como ya se dijo, no es Lenin Boltaire, ni de la señora Atamaint, ni del Richard Martínez, sino el propio candidato o partido. Muchísimos medios de comunicación mirarán a otro lado, dicho sea de paso.

Y decía que es muy mala la noticia pues imaginen ustedes a un político renunciando a un billete ajeno para su auto bombo.

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