El fracaso de la política de seguridad desangra al país

Hace apenas dos días, el domingo 9 de julio, en la cárcel El Rodeo de Portoviejo fueron encontrados muertos, colgados en sus celdas, los dos presuntos autores de la detonación de un artefacto tipo granada, ocurrido el viernes 7 de julio, en las inmediaciones de la Unidad Judicial Penal de esa ciudad. 

Habían sido acusados de terrorismo. 

La información que se llevaron a la tumba podía haber sido de gran valor para desmontar a las mafias que se han tomado varias ciudades.

Junto a ellos fueron hallados asesinados dos reclusos más. Las cárceles siguen en manos del crimen organizado. 

En una sala de velación de Manta, dos sujetos armados dispararon contra las personas que velaban al agente de tránsito Andrés Moreira, quien había sido también asesinado en el sector de Urdesa, en Guayaquil y su cuerpo llevado por sus familiares para sepultarlo en su tierra.

Los sicarios dispararon incluso al féretro en el que estaba el agente en cuyo auto el día que lo asesinaron encontraron alrededor de USD 80.000.

Nadie vigilaba la ceremonia fúnebre, por lo que los sicarios actuaron con toda impunidad, mientras que la Policía perdió la oportunidad de hacer alguna captura que podía conducir a identificar a los miembros de una organización criminal.

Entre sicarios, vacunadores, asaltantes y todo tipo de delincuentes, el país sufre el fracaso de la política de seguridad de un Gobierno que se extingue agobiado por sus propios yerros y negligencias.

Ecuador enfrenta la mayor ola de violencia de su historia, lo que ha afectado la vida de la gente y la economía del país, al extremo que muchos han debido cambiar sus rutinas o, incluso, evitar salir a la calle, a no ser que sea absolutamente necesario.

Y no pocos han cerrado sus negocios.

Tan dramática es la situación que, según un sondeo en línea a 3.314 ciudadanos de las 24 provincias, hecho por Comunicaliza, 55,3% de los ecuatorianos espera que el nuevo gobierno solucione el problema de inseguridad. 

El país sufre el fracaso de la política de seguridad de un Gobierno que se extingue agobiado por sus propios yerros y negligencias.

A plena luz del día e, incluso, rodeados por guardias que vigilan edificios y casas, de cualquier zona de las distintas ciudades, los delincuentes arranchan teléfonos, carteras y mochilas; rompen los vidrios de los carros y se llevan lo que encuentran.

Asaltan a jóvenes, adultos y a mayores, sin importar la condición física, porque también lo hacen a quienes caminan con un bastón u otro apoyo.

Los videos de las cámaras de vigilancia solo sirven para confirmar los hechos, por lo que las víctimas sienten que viven en estado de indefensión.

Otros tres casos de violencia escogidos al azar muestran una suerte de insospechada nueva geografía del delito, lo cual deja entrever que no existe un solo espacio libre de estos tormentos.

A la vez que evidencian cómo la sociedad ha sido arrastrada a acciones que nunca habrían siquiera imaginado protagonizar.

En Huambaló, parroquia de la provincia de Tungurahua, los moradores detuvieron a un individuo que había asaltado a una persona que regresaba a su población, luego de salir del banco de una ciudad cercana.

Lo ataron de pies y manos, lo lincharon e incineraron vivo. 

Como si de Fuenteovejuna se tratase, nadie culpó a nadie, porque todos habían participado.

En Cuenca, en abril pasado, junto a uno de los cuatro ríos de la ciudad, se encontraron dos cuerpos incinerados. 

Las pericias revelaron que habían sido previamente ahorcados y apuñalados.

Las autoridades dijeron presumir que, por los letreros que encontraron junto a sus cuerpos, los dos ciudadanos venezolanos habrían sido extorsionadores (vacunadores). 

Los moradores de Chillogallo, en el sur de Quito, intentaron hacer justicia por mano propia contra dos delincuentes que asaltaron una tienda. Cuando llegó la Policía los asaltantes los atacaron con disparos, pero fueron neutralizados.

Otras horrendas facetas de la violencia y el crimen tienen a la sociedad ecuatoriana en vilo.

Se llama extorsión y se hace mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. 

Las bandas criminales han tenido acceso a bases de datos y los usan para sacar dinero a sus víctimas mediante depósitos bancarios, bajo la amenaza de atentar contra la familia o contra ellos mismos.

En los seis primeros meses del año, en Ecuador se han receptado 4.655 denuncias de extorsión; el doble del año anterior, pero se habla de un subregistro, porque no siempre se denuncia. 

De todos esos, 57% son extorsiones virtuales.

En las VI Jornadas de Seguridad Bancaria que organizó Asobanca, en Quito, se confirmó que las extorsiones han crecido de manera exponencial.

Así, la inseguridad y la violencia se ha expandido por todo el país, dejando a la población a expensas de los malhechores, causando dolor y sufrimiento, mientras las autoridades han exhibido insólita negligencia hasta para adquirir chalecos para la Policía.

La inseguridad y la violencia se ha expandido por todo el país, dejando a la población a expensas de los malhechores

Que el ministro del Interior haya denunciado en Fiscalía “la insinuación de un soborno de USD 2 millones” en relación con el proceso para comprar los chalecos, pero que lo hiciera recién ocho meses después del hecho y luego de haber sido presionado por los medios de comunicación, es la patética alegoría de un Gobierno indolente que nunca entendió su papel en la historia y ha sido rebasado hasta por la violencia que desangra al país.

¡Un fracaso!