En un país unitario como Ecuador, los gobernadores son designados por el Ejecutivo de forma directa y sin que medie ningún filtro de selección. De su lado, quienes ejercen cargos similares en países federales - independientemente de la denominación - lo hacen a partir de la voluntad popular expresada en las urnas. Esta diferencia no es de menor calado, pues tiene que ver directamente con la naturaleza de la representación que unos y otros detentan.
Nuestros gobernadores actúan en función de la delegación presidencial, mientras que los otros, al gozar de la legitimidad del voto, tienen una capacidad de gestión pública autónoma. En ambos casos, aunque con distancias en cuanto al alcance y límites de sus competencias, los gobernadores son los gestores de la política en sus respectivas jurisdicciones.
En el caso ecuatoriano, los gobernadores han tenido históricamente el rol de administrar la conflictividad en sus diferentes orígenes.
Para el efecto, quienes han ocupado esos cargos han sido, en la mayoría de las ocasiones, personas con capacidades y destrezas para tender puentes con diferentes sectores de la población. La negociación política en aras de prevenir o minimizar los efectos negativos que pueden traer a un gobierno determinadas decisiones, por tanto, ha sido una de sus funciones principales.
La otra, relacionada con la anterior, tiene que ver con el hecho de transmitir al Ejecutivo las dinámicas de la vida pública de la provincia, no solo en términos de las posiciones que asumen las fuerzas políticas locales, sino también respecto a la naturaleza e intensidad de las demandas ciudadanas. Así, el gobernador no hace obras como el alcalde municipal o el prefecto provincial, sino que procesa las tensiones en su propio ámbito territorial. En definitiva, esa delegación, que en ocasiones es parte del conjunto de espacios de poder que el presidente debe ceder a otras fuerzas políticas en aras a alivianar el peso del gobierno, ha sido históricamente política.
Sin embargo, en el gobierno del presidente Noboa las gobernaciones provinciales parecen destinadas a cumplir un rol distinto. A juzgar por la formación previa de quienes ocuparán esos cargos, mayoritariamente militares y policías, lo que se podría inferir es que la principal tarea que se les asignará será la de administrar la seguridad (mejor, la falta de seguridad) en las diferentes provincias.
Aunque la principal demanda ciudadana sea precisamente alrededor de ese tema y visto de forma superficial la decisión gubernamental resulta coherente, hay algunas cuestiones que no resultan del todo claras en cuanto al curso que podrían tomar las dinámicas sociales en lo local. Por un lado, si la gestión política ya no será el rol principal de los gobernadores, la pregunta que surge tiene que ver con quién se hará cargo de ese espacio a escala provincial. Dirigir a control remoto desde Carondelet es complicado, más aún ahora que la ministra es al mismo tiempo titular de gobierno y del interior.
Tampoco parece claro que el gobierno tenga los suficientes alfiles políticos en cada provincia para que, desde los claroscuros de otro tipo de cargo que no sea el de gobernador, puedan disciplinar los intereses de los distintos grupos de presión. Aunque hay provincias en las que la turbulencia es excepcional, hay otras en las que por un quíteme esas pajas, el fuego puede aparecer. De allí que la ausencia de un delegado político del presidente en espacios geográficos clave parece, cuando menos, un acto temerario.
Por otro lado, en el plano de la seguridad, queda aún la duda respecto al nivel de acoplamiento de los gobernadores y sus grados militares y policiales, respecto al de Oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en servicio activo y con grados superiores, con los que indudablemente deberán actuar de forma coordinada. Entre los uniformados existen códigos de comportamiento y relacionamiento, anclados muchos de ellos a las jerarquías, que podrían jugar una mala pasada a algún gobernador que, a título de gozar de la confianza presidencial, pretenda llevarse por delante algunas palas y antigüedades de sus ex compañeros de arma.
La conjetura aquí es que quizás resulta más práctico que las directrices de las gobernaciones provengan de un civil, ajeno a la vida militar o policial, que de alguien de la casa.
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El tiempo dirá en qué medida el encargo de los nuevos gobernadores puede ser efectivamente gestionado. El tiempo dirá también si dejar sin un radar político a las provincias no le genera disturbios al gobierno.
El presidente Noboa debe recordar que, en general, los conflictos políticos y sociales llegan a Quito, no nacen en Quito.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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