Economía y Desarrollo
Gobierno destina USD 14.367 millones a subsidios y gasto tributario
Doctor en Economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Director general académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
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La Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) presentada por el Gobierno Nacional para 2023 asciende a USD 31.503 millones, representando el 25,7% del PIB.
Los anexos de la Proforma 2023 dan cuenta de que se considera un monto de USD 7.463 millones en subsidios, que se concentran en seguridad social (USD 3.109 millones), combustibles (USD 2.667 millones) y desarrollo social (USD 1.470 millones).
A ese rubro, se debe sumar la proyección de USD 6.904 millones que se hace en gasto tributario (deducciones y exoneraciones tributarias).
Según el detalle que presenta el SRI para 2021, el 38,7% de este rubro, que equivaldría a USD 2.671 millones, corresponde a exoneraciones del pago de Impuesto a la Renta que se entregan a sociedades.
En total, el país destina USD 14.367 millones anuales, que representan el 11,7% del PIB a subsidios y gasto tributario.
Los principales rubros, detallados anteriormente, suman USD 9.917 millones que se distribuyen en subsidios a:
- La seguridad social.
- El Impuesto a la Renta de sociedades.
- Combustibles.
- Transferencias sociales.
¿Quiénes los reciben?
El mayor rubro, el del subsidio a la seguridad social, es un beneficio para quienes, habiendo tenido un empleo formal, reciben una pensión del IESS, el Issfa o el Isspol; y, en segundo lugar, se encuentran las empresas, que ven incrementadas sus ganancias gracias a la exoneración de impuestos.
Después, se encuentra el subsidio a los combustibles, que, al concentrarse en diésel, beneficia a la reducción de costos productivos y de transporte, y por ende, ayuda a controlar el incremento de precios de bienes y servicios.
Y, en último lugar, se encuentran los recursos que llegan directamente a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
¿Qué tan equitativos son estos subsidios?
Las personas que han tenido un empleo formal reciben 2,1 veces más en subsidios que las personas empobrecidas; y las empresas reciben 1,8 veces más que los grupos vulnerables.
Por justicia, es urgente una reforma a la distribución de subsidios y beneficios fiscales.
¿Qué impacto generan?
Únicamente las transferencias monetarias a personas empobrecidas han sido evaluadas, y se conoce que logran reducir la pobreza, aumentan la probabilidad de que niños y niñas asistan a la escuela, incrementan el consumo de alimentos, entre otros beneficios probados.
De los otros subsidios, no se sabe; pero se invierte más, aunque sus beneficiarios lo necesiten menos.
Por responsabilidad, una evaluación integral de estos rubros es urgente; y su entrega debe estar condicionada al logro de impactos en el bienestar de las personas, especialmente de las más vulnerables, y no únicamente en mejorar la ganancia de ciertos grupos.