La redistribución de la riqueza y del ingreso es una acción permanente del Estado.
El momento inicial de la desigualdad ocurre en la propiedad de factores de producción: tierra, maquinaria, capital financiero (ahorros y facilidad de crédito), tecnología, conocimiento.
Unas personas tienen más y otras menos. El origen de la desigualdad no corresponde a una condición natural, sino a la apropiación violenta, a través de la fuerza aplicada a lo largo de la historia, para asignar dominio y después propiedad de la tierra.
Con el tiempo esa desigualdad se refuerza, a veces como resultado del esfuerzo, en ocasiones por la suerte (aleatoria) de recibir una herencia y. en ciertos casos, por nuevas formas de apropiación, como la gentrificación o el control económico del poder político.
Dada la propiedad de factores de producción, unas personas pueden generar rentas y dividendos usando esos factores, y a otras únicamente les queda la opción de vender su tiempo para recibir un salario.
La intervención del Estado se da tanto para mantener la distribución vigente garantizando los derechos de propiedad, como para cambiarla mediante la redistribución de factores con instrumentos que van desde la declaratoria de interés público hasta reformas para cambiar las relaciones de propiedad, redistribuyendo la tenencia de bienes.
El interés público, que deriva en expropiaciones, se genera cuándo se demuestra que existe un uso con mayor beneficio social que el actual, por ejemplo, para obras públicas.
La redistribución de la propiedad se busca cuándo la situación actual condiciona las oportunidades de las personas, ya sea a la pobreza o la riqueza, según la condición en que nacieron. Se pretende, entonces, una situación de mayor justicia dando las mismas oportunidades a todas las personas.
El segundo momento ocurre una vez que se genera el ingreso, a través de los procesos de producción, intercambio y consumo.
El ingreso se distribuye en el pago de salarios, rentas y dividendos. Esta es la distribución primaria del ingreso.
En este caso, el Estado interviene mediante la fijación de salarios y otros derechos laborales, así como en la regulación y la garantía de la propiedad de dividendos y rentas. El objetivo es asegurar unas relaciones de justicia en la distribución del ingreso entre quienes lo produjeron.
Finalmente, la redistribución del ingreso se produce cuándo el Estado, a través de impuestos, recauda parte de los ingresos para volverlos a distribuir a través de la provisión de bienes y servicios públicos, así como mediante subsidios y transferencias que reciben hogares y empresas.
La redistribución se considera justa cuando entrega más a quienes más lo necesitan. Esto es cuando se da de manera progresiva.
Con este marco se puede analizar la política de redistribución de ingreso que está implementando el presidente Guillermo Lasso.
Al no haber sido aprobada, pero tampoco debidamente negada, por la Asamblea Nacional, el presidente expidió mediante Decreto-Ley la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19.
Un elemento central de este proyecto es el incremento del Impuesto a la Renta (IR) de personas naturales, que se estima recaudaría USD 781 millones al año (usando datos de 2019).
Este incremento se concentra en personas con ingresos mensuales entre USD 2.500 y USD 5.000 aumentando en más del 100% el impuesto a pagar; mientras que para ingresos superiores el impacto es menor; por ejemplo, para un ingreso mensual de USD 80.000 es incremento es de apenas el 7%.
Es así como las personas millonarias del país reciben un impacto menor en el aumento del IR, mientras que se benefician de la exoneración del impuesto a la herencia, que en 2019 recaudó USD 24 millones, y además se les da la opción de una remisión y amnistía tributaria por capitales no declarados en el exterior. Estas dos medidas se implementaron con el mismo Decreto-Ley.
A lo anterior se debe sumar las reformas establecidas por el Presidente para la eliminación gradual del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que en 2019 significó una recaudación de USD 1.140 millones.
El no cobrar impuestos a las herencias, los capitales no declarados en el exterior, y a la salida de divisas, beneficia a quienes realizan estas acciones, que en su mayoría son personas con ingresos y patrimonios altos, y el beneficio en mayor medida va a los millonarios del país.
De forma comparativa, los USD 781 millones de recaudación adicional de IR que se carga a personas de ingreso medio, servirán apenas para compensar parte de los nuevos beneficios que se están otorgando a los sectores más pudientes de la población.
Por otro lado, se prevé una reducción del gasto público de alrededor del 4% del PIB lo que genera menor capacidad de proveer bienes y servicios públicos, afectando mayoritariamente a los hogares empobrecidos y vulnerables, que son los principales beneficiarios.
Finalmente, el reciente veto parcial del Presidente a la Ley para evitar cobros indebidos y no solicitados por parte bancos y empresas de telecomunicaciones es una muestra fehaciente de la defensa, por parte del gobierno, de las rentas de empresas privadas en perjuicio de los hogares.
Es así como el gobierno de Guillermo Lasso asume una política frontal de redistribución regresiva, quitando beneficios a la población pobre, vulnerable y de ingreso medio, y dando mayores privilegios a personas de ingresos altos y sus empresas.
El Ecuador está en camino hacia una sociedad más injusta.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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