Tres golpes certeros de la Fiscalía General de la Nación a Carondelet, a los sectores poderosos de la época correísta y a la Prefectura de Cotopaxi, han echado por los suelos los discursos de la honestidad y las "manos limpias".
Los casos Danubio, helicópteros Dhruv y el llamado Depuración 1 confirman que la corrupción es un virus para el cual aún no hay vacuna, por lo que el mal se expande, contaminando todos los estamentos de la sociedad, causando terribles estragos para Ecuador.
Un trabajo de filigrana del Ministerio Público junto a la Policía Nacional, durante 10 meses, identificó a los integrantes de una red, al más alto nivel, que habría traficado cargos, en el Gobierno de Guillermo Lasso.
Todo comenzó con una llamada telefónica de la directora del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador (Senae) a la fiscal general, Diana Salazar, para alertarla de que una de sus asesoras había sido interceptada por un individuo en un centro comercial de Guayaquil, para ofrecerle un soborno de USD 3 millones por la Subdirección Nacional de Operaciones.
La Fiscalía sostiene que los sospechosos querían ese cargo para controlar las importaciones y las exportaciones; mientras que la Policía asegura que, desde ese cargo, se manejan los escáneres y se controla el puerto, por lo que no se descarta que el narcotráfico esté también detrás de la siniestra oferta.
Hay ocho detenidos acusados por asociación ilícita y otros más están siendo investigados, incluidos Juan José Pons, quien fue asesor presidencial hasta mayo pasado, y un hijo suyo; pero se habla también de un asambleísta del oficialismo y de otros altos cargos.
El proceso se maneja con mucho sigilo porque los ministerios de Educación y Agricultura, BanEcuador, la CNEL y Petroecuador, igualmente, estarían envueltos en la trama.
Utilizar al Estado para enriquecerse, haciendo del poder político un botín de los vencedores en las urnas, es abyecto e ilegal.
Con el caso Danubio, la Fiscalía ha demostrado lo temerario de nombrar asesores presidenciales ad honorem, que no rinden cuentas a nadie; no hacen declaración de bienes en la Contraloría ni antes de asumir el cargo ni al dejarlo.
Por ética pública, esos cargos tendrían que ser eliminados. Y la sugerencia debería provenir de la Secretaría Anticorrupción, con oficinas en el Palacio de Gobierno, y encargada de prevenir que se cometan estas atrocidades.
La Fiscalía ha demostrado lo temerario de nombrar asesores presidenciales ad honorem, que no rinden cuentas a nadie.
El otro caso, el de los helicópteros Dhruv, tiene todos los ingredientes de una serie de Netflix sobre el poder y la corrupción al más alto nivel político.
Su investigación lleva más de una década e incluye hechos execrables como el asesinato del general Jorge Gabela, ex comandante general de la FAE, quien se opuso a la compra de los helicópteros a India. Lo mataron en su domicilio, en una urbanización cerrada, en Samborondón, en 2010.
El acusado de ser el autor material del crimen, 'Alias Francis', fue puesto en libertad tras pagar USD 20.000 de fianza; pero al poco tiempo lo acribillaron en la calle. El perito Meza dijo que su liberación fue sospechosa.
La desaparición de documentos, la adulteración de pericias, la persecución y las amenazas, son parte de esta siniestra historia, en la que cuatro de los siete helicópteros adquiridos se accidentaron y hubo tres militares fallecidos. Pero con el cinismo que lo identifica, Rafael Correa habló de "fallas humanas".
El contraste lo marcan el coraje, la persistencia y la lucidez de Patricia Ochoa, esposa del general Gabela, quien no ha cejado ni un solo día en su lucha por hacer justicia. Y lo está logrando.
La semana pasada, el juez Luis Rivera declaró válido todo lo actuado hasta el momento, por lo cual la fiscal Salazar presentó acusación oficial y pidió se lleve a juicio a los 18 procesados: 16 señalados en calidad de autores del delito de peculado, incluyendo los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce; y en calidad de cómplices a Juan Cortés, representante de la empresa Hindustan, que vendió los helicópteros, y al militar Alonso Espinosa que recibió las naves. El perjuicio al Estado es de más de USD 60 millones.
El caso llamado Depuración 1, en el que ha sido involucrado el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, por presunta delincuencia organizada, es otro golpe de la Fiscalía y un sacudón moral para la icónica Conaie, compelida a mantener distancia del proceso, para no caer en aquello de la unidad de cuerpo, que ha criticado a los poderosos.
Una investigación de ocho años terminó en 30 allanamientos, la incautación de documentos y la acusación de delincuencia organizada, concusión, testaferrismo, enriquecimiento privado no justificado y tráfico de influencias.
La presidenta de la Corte de Justicia de Cotopaxi dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica del prefecto Guamán, de Pachakutik, quien ahora porta grillete; mientras que al alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, y a otros involucrados, les dictaron prisión preventiva y se ordenó la retención de cuentas hasta por USD 2 millones y la prohibición de enajenar bienes.
Este caso ha conmocionado también porque las fotos y videos de la hija del prefecto de Cotopaxi, emulando a las divas de las redes sociales, viajando por las grandes capitales del mundo, comiendo en finos restaurantes, es un catálogo de exhibicionismo que hiere a su provincia, en la cual las desigualdades sociales, la pobreza y la desnutrición, laceran el alma.
Las fotos y videos de la hija del prefecto de Cotopaxi, emulando a las divas de las redes sociales, es un catálogo de exhibicionismo que hiere a su provincia.
Los casos de corrupción que se investigan provocan rabia y desazón, porque muestran que no hay gobierno honesto alguno, y porque robarle al Estado es robarle a la gente.
François René de Chateaubriand decía que "la justicia es el pan del pueblo; siempre está hambriento de ella".
Solo la vigilancia social conseguirá que los jueces, aprovechando los tres golpes de la Fiscalía a Carondelet, al correísmo y a la Conaie, dicten, sin miedo al poder, sentencias ejemplares que hagan justicia al pueblo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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