Ecuador necesita encontrar, en democracia, un rumbo que incluya a todas las personas. Para lograrlo es indispensable entender que más allá del déficit fiscal, y de la desaceleración económica que sufre el país, se atraviesa una crisis de bienestar por la pérdida de empleo y capacidad de consumo de las personas, y una crisis democrática por un gobierno que ha perdido representatividad.
En términos de bienestar, a septiembre de 2019, unos 4 millones de personas (23,9%) se encuentran en situación de pobreza (tienen menos de USD 2,83 al día), y se evidencia una tendencia al alza sobre todo en zonas urbanas. En Quito, por ejemplo, pasó de 9,2% en septiembre de 2018 a 11, 2% en septiembre de 2019.
Además, el empleo sigue deteriorándose. A septiembre de 2019, el número de personas desempleadas alcanzó los 406.871, registrando un aumento de 74 mil personas en comparación con septiembre de 2018. Además, se registran 3,8 millones de personas en subempleo, ganando menos del salario básico y/o trabajando menos de 40 horas.
En cuanto a la democracia, esta no se reduce a ganar elecciones, mucho menos a ser nombrado por quien las ganó. Hay que legitimar las decisiones públicas mediante la más amplia participación posible. El gobierno representa, no impone.
El expresidente del Ecuador solía decir a sus opositores: “vayan a ganar elecciones”; los/as ministros/as del actual Presidente dicen “el gobierno no puede someter las decisiones a otros intereses”. Así, sin más detalles, se entiende que el gobierno tiene unos intereses y la gente otros.
El gobierno parece olvidar que su credibilidad está por los suelos justamente porque no ha cumplido su palabra. El Presidente abandonó su programa de gobierno (el que presentó cuando la mayoría, no todos, votaron por él), hace caso omiso a su Plan Nacional de Desarrollo, y gobierna con quienes no votaron por él.
En este escenario se esperaría que el proyecto de Ley económica presentado por el gobierno haya sido resultado de un proceso de diálogo, que cuente con metas claras, e impactos debidamente identificados.
Lamentablemente es el Ministerio de Economía y Finanzas el que señala que no existe nada de eso, y lo manifiesta claramente en el Informe No. MEF-SP-SPF-2019-002 al señalar que “es importante resaltar que en algunos aspectos de las reformas planteadas no se considera la estimación del impacto fiscal debido a la dificultad de identificarlo o porque no existe información al respecto”.
Si no se conocen los impactos fiscales de la Ley, ¿porqué se lo hace? Al parecer el dogma pesa más que la técnica. No se puede pedir a la sociedad que dé un salto de fe con una Ley que no ha sido debidamente estudiada, mucho menos discutida.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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