El albañal constitucional continúa

La justicia constitucional en Ecuador no tiene mejor descripción que eso, albañal. Ahí, entre pérfidas acciones de protección y jueces de bolsillo, se canalizan las aguas malolientes de la política.

En esos pomposamente llamados jueces constitucionales, que en realidad son meros tramitadores de las llamadas telefónicas que reciben de sus superiores, se desbarata de a poco la mínima institucionalidad que nos queda.

Así, en ese vergonzoso albañal que es la justicia constitucional del país, se van agotando los últimos espacios de confianza ciudadana en la ley, en el Estado de Derecho, en la convivencia armónica entre ciudadanos.

Dicho de otra forma, en el depósito de inmundicias que son las acciones de protección presentadas para resolver conflictos políticos de la peor calaña, es posible observar cómo nuestros representantes menosprecian a la ciudadanía y a la democracia.

Pocos meses atrás me referí a este tema en una columna de opinión, en la que valoré a la justicia constitucional como la versión moderna de las comisarías de policía de antaño.

Con honestidad tengo que decir que me retracto de lo dicho y pido disculpas a las comisarías. Creo que fui demasiado agresivo con esas dependencias, pues lo que ahora vemos con la justicia constitucional es mucho peor.

Antes se jugaba con los intereses de los particulares y en cuestiones de menor calado. Ahora, con las acciones de protección, se echa por el piso los altos intereses del país, la esencia de la representación política y la virtud que debe primar en la administración del Estado.

Si en un momento dado se pensó que este sinuoso ‘Estado de derechos’ era la salida, en realidad ahí está el germen de un desbarajuste institucional de mayores dimensiones al que siempre vivió el país.

Mientras todo esto ocurre, nadie se plantea una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establezca jueces especializados en la materia. Esa variación institucional no eliminará el albañal, desde luego, pero al menos lo hará menos fétido.

Hay allí una salida relativamente inmediata al problema. Lo que no hay es personas o instituciones que quieran asumir la conducción del proceso.

La Corte Constitucional, que tiene la presencia moral y la prerrogativa para proponer la modificación normativa, prefiere evitar mojarse el poncho frente a la ciudadanía y mantenerse en su zona de confort. Peligroso precedente.

¡Qué decir de los colegios de abogados! Existen solamente para asistir en cuestiones relacionadas con sus agremiados.

Sobre las facultades de Derecho tampoco hay mucho que señalar. Amplios discursos y oferta docente a diestra y siniestra pero nula empatía con el clamor del país.

Y así continuamos, untándonos cada vez más en el albañal de la justicia constitucional, en el que los únicos que salen a buen recaudo son los políticos inescrupulosos y corruptos que nos rodean, con contadas excepciones.

Por eso es que tratan a cualquier costo de controlar el Poder Judicial, pues allí, ubicando jueces pusilánimes y con sorteos amañados, tienen la capacidad de atemperar el clima político del país.

Es por eso que los cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, restituidos a sus cargos a través de una acción de protección dudosa, se reunieron a la brevedad para desechar al primer candidato a presidir el Consejo de la Judicatura en representación de la Corte Nacional de Justicia.

El candidato no encajaba dentro del esquema del albañal. Tello no respondía a apetitos políticos ni era manipulable. Ahí están las razones que dan cuenta de su exclusión.

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A la difícil situación política y social que vive Ecuador se debe sumar la del albañal que provoca la justicia constitucional.

Aunque los responsables directos de lo que ocurre son quienes diseñaron una ley que no tiene ninguna coherencia con la realidad del país, aquello no exime de juicio a los que contemplan y perciben la putrefacción sin decir ni hacer nada.