Las muertes de las mujeres que se producen cuando están embarazadas, dando a luz o durante el posparto son una tragedia y dejan secuelas a nivel familiar, social y económico.
A nivel familiar, los hijos de la mujer fallecida soportan el mayor peso de las consecuencias, pues los niños que, cuando nacieron, perdieron a su madre tienen un mayor riesgo de mortalidad infantil, presentan mayor probabilidad de padecer desnutrición y menores tasas de asistencia a la escuela.
A pesar de que es evidente que los niños son quienes más sufren por la falta de su mamá, toda la familia sufre por la ausencia de este ser querido.
A nivel económico, la muerte de una madre puede implicar que los hogares tengan menores perceptores de ingresos, lo cual se traduce en menor consumo y en pobreza.
A nivel social, la mortalidad materna es un termómetro de la situación de general del sistema de salud de un país y de las desigualdades sociales y económicas.
Por las razones mencionadas, disminuir el número de muertes maternas continúa siendo un gran desafío para la salud pública de los países. Tal es la importancia de este tema que es una de las metas centrales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Específicamente, la meta 3.1 apunta a reducir razón de la mortalidad materna a menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos para 2030.
En la Figura 1 se presentan los datos ecuatorianos sobre decesos maternos, desde 2010 hasta 2021, y se observa que las muertes maternas han disminuido en el país, con excepción del año 2020 de la pandemia de Covid-19.
En la página del INEC están disponibles los datos de 2022, pero estos no fueron considerados debido a que aún no son los datos definitivos según el mismo organismo.
En la misma Figura 1, también se aprecia que Ecuador está dentro de los límites establecidos en los ODS. Según el INEC, en 2021, se produjeron 43,3 fallecimientos de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto hasta los 42 días de puerperio por cada 100.000 nacidos vivos.
Observando esas cifras a nivel general parece que el país va por buen camino. Sin embargo, al analizar por regiones y provincias la situación de las muertes maternas envía señales de alerta.
A nivel regional, solo la Sierra está por debajo del promedio nacional con 33,3 decesos de madres por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que la Costa tiene 46,2 y la Amazonía 83,6. No hay información para Galápagos.
Descendiendo al nivel de provincias, la situación es más crítica aún, ver la Figura 2.
Por las cifras de mortalidad materna de la Amazonía, era esperado que las provincias de esa región sean las que presenten la situación más grave. En efecto, Pastaza, Orellana, Napo y Sucumbíos ocupan los primeros lugares en mortalidad materna.
En 2021, Pastaza tuvo 182,6 muertes de madres por cada 100.00 nacidos vivos. Orellana le sigue con 118,2.
En la Sierra: Carchi, Cañar y Chimborazo muestran el peor desempeño. En la Costa: Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Guayas son las provincias más críticas.
Según la Organización Mundial de la Salud, las muertes de madres relacionadas con el embarazo y el parto son prevenibles, en la mayoría de casos. Aunque existen algunos factores que podrían prevenir estos decesos, el acceso a salud oportuna y de calidad a las mujeres embarazadas es crucial.
El hecho de que las provincias ecuatorianas en las que se presentan más muertes maternas sean las que también aparecen en los primeros lugares de pobreza, en educación, trabajo, seguridad social, salud, alimentación, vivienda y ambiente, no es coincidencia, pues la mortalidad materna ocurre justamente debido a la pobreza y a las desigualdades en el acceso a los servicios básicos y a la información.
El sistema de salud del país está en crisis desde hace años, ya lo sabemos de memoria, pero esta justificación no alcanza a ser un alivio mientras miles de mujeres han muerto en Ecuador porque osaron procrear. En estas circunstancias, desde 1990 hasta la actualidad han muerto 6.500 madres.
En el país de las urgencias, urge que el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social den respuestas para frenar esta violación del derecho humano a la vida, enfocando los mayores esfuerzos en las provincias siempre olvidadas y en las que la maternidad no es segura ni digna para las mujeres.
Enfrentar la mortalidad materna no es solo una tarea de la salud pública ni de alcanzar un número de los ODS, sino que constituye una obligación ética y humana.
A estas alturas ninguna madre debería perder la vida dando la vida.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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