Con Sísifo, a quien como castigo se le impuso cargar una enorme roca hasta la cima de la montaña sin jamás conseguirlo, porque antes de llegar se le caía, se podría parangonar lo que pasa en Ecuador con cada elección, en una democracia que parece escurrirse entre los dedos.
Se trata de un ejercicio desgastador, psicológicamente perturbador, éticamente insostenible.
Como en la mitología griega, la Asamblea Nacional se ha vuelto una maldición de nunca acabar.
La consigna de mejorar la representación para elevar el debate, hacer mejores leyes, fiscalizar y cumplir con decoro su papel, se evapora antes siquiera de ir a las urnas.
En las elecciones de 2021, la garantía de que la historia se repetirá corre por cuenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ha dispuesto al CNE inscribir la candidatura a la Asamblea Nacional del expresidente con grillete, Abdalá Bucaram.
Con arresto domiciliario, investigado por tres delitos: supuesto tráfico de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada, en un caso de corrupción relacionado con la compra de insumos médicos, Bucaram estará en la papeleta electoral.
Convertido en agente del caos, el TCE ha tomado esta y otras decisiones inverosímiles, que en unos casos puede suponer arruinar los comicios. Y, en otros, implica otorgar inmunidad, durante el proceso electoral, a los acusados por diversos delitos, aplicando el bendito Código de la Democracia, un adefesio legal que hay que desechar y cambiar por otro.
Al ritmo que va, solo falta que el TCE decida que hay que admitir la candidatura de Daniel Salcedo, y que salga de la cárcel a hacer campaña.
Casos como estos deshonran la política y lesionan el prestigio del país de cara a la opinión internacional. Es una bofetada en el rostro de esta escuálida democracia.
Si los ecuatorianos creían imposible superar el vergonzoso récord actual de 60 asambleístas enfrentados a procesos judiciales, nadie podría asegurar que la próxima Legislatura no lo consiga.
Con apenas 2% de aceptación, la Asamblea ecuatoriana debe estar entre los organismos legislativos más repudiados del mundo. Pero eso no impide que 37 legisladores busquen la reelección el 7 de febrero próximo.
Allí están 13 correístas, ocho del PSC, seis de CREO, seis a Alianza País (AP), tres que actuaban con la Bancada de la Integración Nacional (BIN) y un disidente de AP.
La actual Asamblea es el súmmum de la impudicia; allí hay una legisladora con una glosa de USD 41 millones, que no solo sigue campante en su curul, sino que pretende dar lecciones de buena conducta.
La herencia legislativa es para someterla a exorcismo.
Diezmeros, hicieron de la exacción a sus colaboradores un modus vivendi; consiguieron carnés para falsos discapacitados, pactaron el reparto de hospitales, hicieron nombrar a familiares en cargos diplomáticos, dejando varados a profesionales del Servicio Exterior.
Las mayorías móviles son una alcahuetería que ha servido para, con insólito desparpajo, cotizar el voto al alza.
El país ha visto a vivarachos que, en momentos graves, han jugado a la ambigüedad para hacer de comodín y sacar mayor ventaja, aunque ello haya supuesto una metamorfosis ideológica.
Si durante diez años, Ecuador se angustió por una Asamblea sumisa, tutelada desde Carondelet. La actual ha sido chantajista y desafiante. El país ha perdido con cada una de ellas.
Con este escenario no es exageración hablar de decadencia moral de la primera Función del Estado porque sus integrantes perdieron la brújula ética.
Desde luego que hay excepciones con unos cuántos nombres solventes. También los hay entre los actuales candidatos. Pero un país no puede apostar a la excepcionalidad de quiénes los representan.
La sociedad debe saber que, descartado el método D’Hont, en 2021 pasamos al método Webster, y que la votación será por lista. Si vota por uno, vota por todos. El riesgo de que se cuele gente sin credenciales es altísimo.
Así, las previsiones hablan de una Asamblea Nacional dispersa y descoyuntada. ¿Alguien en su sano juicio podría imaginar que sus integrantes harán esfuerzos para dar gobernabilidad al futuro Presidente? De ninguna manera.
Un trabajo de filigrana constitucional deberían emprender los mejores profesionales del Derecho del país para cambiar los requisitos para ser asambleísta.
No es posible que la 'exigencia' sea tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 18 años de edad al momento de inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.
Mientras tanto a los jóvenes para cualquier trabajo les exigen diplomas y credenciales. Esto explicaría por qué no se sienten concernidos en la política, aunque también rehúsan ser parte de un circo cuyos actores no provocan risa, sino vergüenza. En fin.
En la mitología, Sísifo bajó al inframundo y no ha podido escapar de allí. Los ecuatorianos tampoco parece que podremos librarnos de la Asamblea convertida en una pesada carga que seguirá atormentando al pueblo.
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