La ministra de turismo de Ecuador, por alguna extraña razón que no sé si es conveniente indagar, ha decidido que quiere impulsar una normativa, no para atraer más turismo o hacer más agradable la estancia de los turistas en Ecuador, sino para impedir que puedan venir a hospedarse en el alojamiento de su elección.

La norma que pretende implementar el ministerio obliga a los miles de establecimientos no-hoteleros del Ecuador a pasar por una serie de burocracia innecesaria tan onerosa que, en muchos casos, hará inviable la actividad.

Estableciendo, además, prohibiciones tan arbitrarias como que no se pueda alquilar tan sólo una habitación de una casa.

El turismo busca distintas experiencias, y hay muy diversas idiosincrasias en cada viaje. Por eso, el primer problema que tenemos con este reglamento es que intenta regular por igual a un hotel que al turismo comunitario; a un estudiante que alquila una habitación en una casa, que a un hostal; a quien alquila ocasionalmente su casa en la playa, o su casa cuando se va de vacaciones, que a quien su actividad profesional es el alquiler vacacional.

Es, evidentemente, un despropósito meter cosas tan distintas en el mismo corsé de hierro, y el resultado no puede ser sino romperlo.

Cada turista que viene al país debe producir orgullo nacional el que nos quiera visitar, y es, además, una fuente importante de divisas. Muchos de los extranjeros están acostumbrados a hospedarse en casas particulares que contratan a través de conocidas plataformas por Internet, y es así porque se adapta mejor a sus necesidades (caso de familias), son experiencias únicas (turismo comunitario), o más conveniente para ellos.

Si a estas personas que alquilan su casa, o una habitación, habitual u ocasionalmente se las obliga a pasar por tediosísimos trámites, incluidos: el pagar el 1/1000 del valor de la propiedad, poner un cartel en la puerta y además la visita de unos inspectores el Ministerio de Turismo, lo más probable es que muchos desistan.

Y si los que ofrecen el servicio desisten, no sólo pierden ellos legítimas rentas por una tramitología inútil más (¿qué problema hay que se supone que quieren solucionar?) es que muchos turistas dejarán de venir (preferirán ir donde sí puedan alquilar la estancia de su elección) y perderemos todos en divisas e imagen.

Esta absurda, arbitraria e ineficiente norma que quiere implementar el Ministerio de Turismo es un caso clamoroso de híper-regulación que mata la innovación. Es importante para todos poner freno en la frenética actividad regulatoria de lo que funciona… mientras que lo que no funciona no se soluciona.

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