La ministra María Paula Romo nuevamente está en el ojo del huracán político. Aún convaleciente por el fallido intento de alcanzar la Vicepresidencia, ahora tiene que enfrentar un nuevo embrollo que fácilmente podría desbordar hacia la arena de lo judicial.
La plataforma digital La Posta le ha dedicado cerca de una hora a una denuncia en la que, en lo de fondo, se la responsabiliza de ser quien entregó el manejo de hospitales a un grupo de legisladores. No se la acusa de haber intercambiado esos espacios por dinero pero sí se deja entrever que existen favores políticos como contraprestación.
El más visible, el archivo del juicio político que la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional tramitaba en su contra.
Más allá del hecho de que quien proporciona la información sea un ex legislador, ahora envuelto en escándalos de corrupción, y que la ministra niegue rotundamente las imputaciones, lo cierto es que surgen varias aristas de análisis.
Si bien ahora Romo es quien decide sobre los temas más trascendentales del país, no siempre ha ocupado ese espacio.
Hasta septiembre de 2019, Santiago Cuesta era la ficha que manejaba los hilos más sensibles del Gobierno. De hecho, públicamente se ha jactado de su influencia sobre el Presidente Moreno, aún después de su salida.
De allí que, pensando más allá de lo evidente, se podría conjeturar que la responsabilidad sobre la entrega de los hospitales también podría estar entre quienes ya no son formalmente cercanos a Carondelet.
Allí hay mucho por indagar y averiguar. Mensajes no revelados o llamadas no rastreadas podrían generar mayores elementos de juicio, sea para que la responsabilidad de la ministra se configure de forma más clara, sea para que la investigación tome un nuevo rumbo.
En cualquier caso, es la fiscal Diana Salazar quien ahora mismo tiene la última palabra. De ella depende no solo el curso de este proceso judicial sino también de otros que están inexorablemente atados por los vaivenes de la política más que por la discusión jurídica.
Si la fiscal no abre una indagación a la ministra, las dudas sobre la inocencia de Romo tenderán a crecer. Además, la credibilidad y, sobre todo, la imparcialidad de Salazar serán cuestionadas desde diferentes sectores de la opinión pública.
Así, una decisión de este tipo no sólo le afectará a la fiscal en su imagen personal sino que será utilizada como una herramienta de deslegitimación de los juicios penales seguidos contra funcionarios de la “década ganada”.
En el escenario opuesto, la propia ministra será la más beneficiada pues podría aportar información útil que, seguramente la tiene, pero no la puede revelar fuera de un proceso legal. Aunque parezca contradictorio, quien mayor interés debería tener en ser llamada por la justicia es María Paula Romo.
Sin embargo, hay muchos a quienes no les interesa esa posibilidad. Lo más práctico para ellos sería que la ministra no sea enjuiciada y simplemente se la separe del cargo. Así, varios negocios inconclusos se podrían retomar. De hecho, esa parece ser la jugada: dejar el campo expedito para arrasar con lo que queda en los últimos meses de gobierno.
En el polvorín desatado, la Asamblea Nacional también ha tomado posición. La estrategia allí está marcada: les urge eliminar del escenario político a Romo y, con ello, echar tierra al caso.
Con la ministra fuera de combate y Daniel Mendoza preso, las responsabilidades de otros legisladores y de actores tras bambalinas pasarán a un segundo plano y pronto serán parte del baúl de los recuerdos.
En realidad, en la Asamblea Nacional a nadie le conviene que se conozcan mayores detalles sobre la entrega de hospitales en la esfera judicial, pues allí la lista de implicados podría crecer y las responsabilidades expandirse vertiginosamente.
En esa línea, la resolución asumida por los asambleístas, en el sentido de requerir al Presidente Moreno la remoción de la ministra, puede tener una interpretación específica: queremos a Romo fuera del Gobierno y que su salida sea en el más absoluto silencio. "Cualquier cosa que vaya más allá, como un involucramiento de la ministra en una causa penal, sobrepasa el libreto diseñado".
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La fiscal Salazar tiene la responsabilidad ineludible de iniciar a la brevedad una investigación en contra de María Paula Romo. Si la ministra no tiene responsabilidades penales, en ese espacio podrá hacer valer sus argumentos y conseguir la ratificación de su estado de inocencia.
A la par, allí se podrían conocer cabos sueltos no develados por La Posta. Muchos personajes obscuros de la política nacional, de esos que manejan los hilos tras el poder, podrían ser evidenciados.
Un esclarecimiento de ese tipo le haría bien a un país que cada día más demanda un saneamiento de la actividad pública. En caso contrario, la fiscal simplemente habrá hipotecado la credibilidad que ahora tiene y terminará perjudicando a la propia ministra, sometida a crecientes niveles de desconfianza ciudadana.
Limitar los hechos discutidos al escándalo político y a la remoción del funcionario público siempre ha sido la mejor opción para evitar que lo que está más allá de lo epidérmico sea conocido. Ojalá este no sea un nuevo caso de lo mismo.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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