El Chef de la Política

Movimientos políticos: fórmula legal para la delincuencia organizada

Santiago Basabe

Santiago Basabe

Politólogo, investigador de FLACSO Ecuador, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip).

Actualizada:

16 Ene 2022 - 19:03

Cada cierto tiempo el análisis y la discusión pública se centran en los orígenes, las formas de operar y, esencialmente, las alternativas para terminar con la delincuencia organizada alrededor de grupos ilegales.

Choneros, Pipos, Lobos, Chone Killers o Tiguerones son los nombres que más reconocemos, aunque hay muchos más que alteran la seguridad de la ciudadanía, pero cuyas identidades resultan menos expuestas.

Estas organizaciones tienen varios rasgos en común. Uno de ellos es que la estructura de toma de decisiones suele descansar alrededor de una sola persona por lo que, si se conoce cómo piensa y actúa el líder, resulta más simple prever cómo operará el grupo.

Otro punto distintivo, relacionado con el anterior, tiene que ver con el mantenimiento de la hegemonía por parte del líder. El respeto y predisposición de los miembros de la organización lo consigue no solo porque es el más antiguo del grupo o acaso su fundador sino, además, porque es capaz de distribuir los recursos obtenidos ilícitamente entre todos los que son parte de su entorno.

Esta facultad de asignar recursos, que los economistas denominan incentivos positivos y que en el argot popular se conoce como la capacidad del líder de ‘conjugar’ con el resto de miembros de la organización lo obtenido de forma ilícita, cohesiona al grupo y genera lealtades.

Dichas lealtades se potencializan, aunque desde el temor, cuando los miembros de la organización conocen de primera mano que cualquier acto de sublevación o amenaza al liderazgo establecido se paga con la vida.

Así, las muertes que se generan por esa razón no solo buscan eliminar a quien pretende impugnar al líder sino también emitir una señal clara al resto de los integrantes de la organización. Como consecuencia, la estructura delincuencial se fortalece y puede expandirse.

Salvo que en la estructura delincuencial existan vínculos familiares o afectivos alrededor del líder, cuando este desaparece la organización se fragmenta y el conflicto se desata no solo entre las facciones sino también con las demás organizaciones que buscan aprovechar la crisis para ganar terreno.

En Ecuador, la gran mayoría de movimientos políticos funcionan bajo la misma lógica, utilizan códigos de sobrevivencia análogos y desarrollan su actividad alrededor de lealtades hacia el líder que han sido construidas bajo un conjunto de similares reglas informales.

No obstante, también hay características que diferencian a unos y otros. Mientras Choneros, Pipos, Lobos, Chone Killers o Tiguerones se disputan espacios en el mundo de lo ilegal, los movimientos políticos lo hacen bajo el amparo de la normativa vigente en el país.

Unos se legitiman por la crudeza de sus actuaciones en las calles, otros lo hacen a través de su reconocimiento ante el Consejo Nacional Electoral.

Tras cometer un delito común, los primeros huyen de la acción de las fuerzas del orden, se esconden y esperan pacientemente hasta que la persecución haya disminuido antes de seguir en sus andanzas.

Los otros atracan a través de delitos ‘sofisticados’, como el peculado y cualquier forma de utilización indebida de los recursos públicos, no huyen, ofrecen ruedas de prensa. No esperan hasta que la justicia los procese, porque eso nunca pasa, sino solamente hasta la siguiente contienda electoral.

Los primeros van a la cárcel, los otros a los cargos de decisión pública.

No hay exageración en lo dicho. En Ecuador se forman movimientos políticos para que su líder llegue a un espacio de poder, saquee las arcas del Estado, distribuya algo de lo mal habido entre sus cercanos y, de esta forma, construya lealtades de cara al siguiente proceso electoral.

Así, el líder va avanzando de los gobiernos seccionales a la Asamblea Nacional y de allí eventualmente a un ministerio y, ¿por qué no?, en algún momento a disputar la Presidencia.

Si la organización camina bien, si los que pretenden poner en duda el liderazgo son castigados de forma ejemplarizadora a través de glosas en la Contraloría o de denuncias ante la Fiscalía, el movimiento puede incluso llegar a convertirse en un partido político nacional.

Y si las cosas no van bien para el líder en el campo electoral, hay otras opciones para delinquir utilizando la estructura del movimiento político.

Una de ellas, quizás la más sencilla, es someter a subasta pública los espacios para que otros delincuentes, carentes de una organización propia, puedan ser candidatos a alcaldes, prefectos, concejales, asambleístas o incluso presidentes.

Si se tienen los recursos económicos para comprar el espacio, la ley protege tanto al que invierte como al que recibe la inversión.

Así se dinamiza la economía desde el ámbito de la delincuencia electoral, como se podría denominar a este sector ilegítimo, pero legal, que cada vez gana más y más espacio en el país.

Si quien invirtió en su candidatura ha incurrido en un riesgo, lo ‘natural’ es que si gana la elección deba recuperar en primer lugar el monto de lo entregado al líder del movimiento político y luego asirse con beneficios adicionales pues, como dicen en el mundo de los negocios, el que más arriesga, más debería ganar.

Así se explican los escándalos de corrupción grandes y pequeños en la Asamblea Nacional, los negociados de los concejales en las municipalidades o las irregularidades en las distintas instituciones del Estado, dirigidas por testaferros de quien llegó a un cargo de elección popular luego de comprar su espacio en la papeleta de una de las decenas de organizaciones delictivas, a las que pomposamente llamamos movimientos políticos.

No hay que dar muchas vueltas, así se entienden las entregas fraudulentas de permisos para transporte público, las frecuencias para medios de comunicación o las direcciones de hospitales.

En el razonamiento del delincuente formal, el que no huye, sino que se presenta de saco y corbata, con las ganancias obtenidas y un desempeño adecuado; vale decir, cuando se ‘conjuga’ parte del atraco, no solo será posible pensar en la reelección, sino incluso en invertir en la construcción de un movimiento político propio.

De esa forma se reduce el costo de pagar a otros por el espacio y, además, se pueden subastar otras candidaturas a quienes resulten interesados.

Al final, la demanda cada vez es mayor pues siempre hay emprendedores y visionarios deseosos de entrar al negocio de la delincuencia organizada y legal.

Como en todo acto mercantil de este tipo, hay vicisitudes, y en esta trama de corrupción siempre está latente la posibilidad de ser sometido a la justicia. No obstante, nada que una buena chequera y un abogado del mismo calibre que su cliente no puedan solucionar.

***

Nada de exageración en lo descrito. Así funciona buena parte de la política nacional y así operan buena parte de los movimientos políticos, como una fórmula legal para la delincuencia organizada.

Todos lo saben, sobre todo quienes toman decisiones. ¿Por qué no se reforma el Código de la Democracia, que fomenta la institucionalización de la corrupción política?

La respuesta es simple: porque quienes tienen potestad para hacerlo son los mismos que se benefician de esta forma de lucrar de los recursos públicos.

Sería como pedirles a los Choneros, Pipos, Lobos, Chone Killers o Tiguerones que opten por renunciar a delinquir por decisión propia.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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