El gobierno nacional ha confirmado el proceso de concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). A 2018, la empresa tenía una participación de mercado del 85% de telefonía fija, 50% de Internet fijo, y 31% de televisión.

Genera alrededor de ocho mil empleos (incluso después de la reciente desvinculación de funcionarios), factura cerca de USD 1.000 millones al año generando USD 200 millones de utilidad de lo que entrega al Estado USD 150 millones.

CNT es la joya de la corona de las empresas públicas del gobierno central. Además, realiza inversión social por cerca de USD 500 millones, y atiende con servicios de telecomunicaciones a todo el país, incluso dónde no es rentable para operadores privados, democratizando el acceso a tecnologías de información y comunicación.

Se ha señalado que, por concesionar la administración de CNT durante 20 años, el Estado recibiría USD 4.000 millones. Esta operación significaría una lógica de anticipo de los flujos que normalmente recibe.

¿Pan para hoy, hambre para mañana? Si se reciben los recursos hoy, cómo se piensa recuperar ese ingreso en los próximos años.

Si los USD 4.000 millones son el equivalente a las utilidades anuales actuales de la empresa ¿Cuál es el incentivo para que una empresa privada asuma la administración de CNT?

Si la administración privada busca generar mayor eficiencia ¿Se eliminarán los controles públicos? ¿Cambiará el régimen jurídico de empresa pública que actualmente sujeta a CNT al control de la Contraloría General del Estado? ¿Se realizará alguna reforma legal? ¿Se privatizará a CNT?

Si se prevé que la empresa privada además de administrar CNT realice nuevas inversiones ¿Cuáles son las condiciones sobre la propiedad del capital fruto de estas inversiones y cómo se distribuirá el retorno generado entre la empresa privada y el Estado?

En los últimos meses se despidió personal afectando su capacidad operativa, se redujo publicidad de los servicios limitando su crecimiento en el mercado, y la actual administración recortó el presupuesto de inversión de USD 200 millones a USD 90 millones frenando la capacidad de expansión de la empresa.

¿Quién gana del debilitamiento de la empresa? La competencia, las empresas privadas; y el argumento de que la administración privada es la única opción.

¿Debilitar, concesionar o privatizar a la mejor empresa solucionará los problemas fiscales del Estado ecuatoriano? Hace falta transparencia en las intenciones y las condiciones de este proceso.

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