Panorama Global

Hacia un pacto ético en Ecuador y el costo de la corrupción

Matías Abad Merchán

Matías Abad Merchán

Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Es profesor titular de Estudios Globales en la Universidad del Azuay.

Actualizada:

14 Sep 2022 - 17:49

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en referencia a los casos de corrupción ocurridos mundialmente en el contexto de la pandemia, señaló que “la corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública”.

En Ecuador existe un largo historial en casos de corrupción. Aunque es difícil lanzar números certeros, el Consejo de Participación Ciudadana ha estimado que, cada año, se desvían a la corrupción alrededor de USD 3.500 millones. En promedio, más del 10% del presupuesto del Estado.

De la misma manera, el Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, sitúa para 2021 a Ecuador en el puesto 92 (de 179), que corresponde a la franja de los países con corrupción elevada.

Frente a este escenario, el Presidente Guillermo Lasso, entre sus primeras acciones, firmó el Decreto para el Código de Ética y Estándares de Conducta Gubernamental, con el que se propone alcanzar una gestión transparente y más eficiencia en la función pública.

Una iniciativa plausible, que además envía un oportuno mensaje al país: empezaremos desde casa a paliar la corrupción. Además, sienta un valioso precedente para que prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales lo repliquen.

En este sentido, el papel de la ética en el gobierno tendrá dos objetivos: por un lado, ser un freno a las conductas indebidas o desviadas, y por otro, reforzar los comportamientos positivos mediante la promoción de valores.

Por otra parte, urge que el Presidente fortalezca, con recursos y mayor autonomía, a los organismos de control (Contraloría, Procuraduría, superintendencias, etcétera) para lograr mayor celeridad y transparencia en la atención de los casos.

Paralelamente, a la Asamblea le corresponde crear, modificar y actualizar leyes para enfrentar con mayor efectividad los actos de corrupción y, sobre todo, evitar la impunidad.

En otras palabras, se necesita un pacto ético para finalmente dar pasos firmes para erradicar la corrupción. Pero el esfuerzo gubernamental no es suficiente, el cambio estructural requiere de la complicidad y acción de todos.

La corrupción es el virus que nos mantiene en el atraso y en la pobreza. Que sea este el sacudón y la oportunidad para salir de los nocivos efectos de la anestesia del conformismo y que nuevamente podamos asombrarnos e indignarnos frente a la inmoralidad.

La corrupción es el virus que nos mantiene en el atraso y en la pobreza.

Todo esto, sin perder de vista que la lucha contra la corrupción comienza por tener una ciudadanía activa que se constituya en el primer fiscalizador de lo público.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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