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El Chef de la Política

Nombres, queremos nombres. ¿Quiénes son los deudores de la CFN?

Santiago Basabe

Politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y Director de "Pescadito Editoriales"

Actualizada:

20 feb 2022 - 19:03

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Hace pocos días el gerente general de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Eduardo Salgado, ha presentado su renuncia. Se va del cargo no sin antes denunciar que ha detectado malos manejos en el otorgamiento de créditos y, como consecuencia de ello, cartera vencida difícilmente recuperable.

En palabras simples, la CFN está infestada de morosidad que, a criterio del exfuncionario, está teñida de mala fe y de acuerdos fraudulentos con funcionarios. Así, en medio de la crisis económica que vivió el país durante los últimos años, en esa institución financiera se dilapidaron cientos de millones de dólares.

Lo llamativo de la noticia, más allá de la corrupción que ya es parte de la cotidianeidad del país, es que a diferencia de los ínfimos valores solicitados para el microcrédito destinado al emprendimiento, de aquel que sirve para solventar estudios o del que se dirige simplemente al consumo, acá los montos requeridos son mayores y sus beneficiarios no son el pequeño comerciante, el universitario o el funcionario público de nivel medio.

Acá quienes se encargaron de asirse con los recursos públicos fueron aquellos que las abuelas identificaban como los “gran cacao”, no precisamente por sus antecedentes como propietarios de vastos territorios sino por su vertiginoso ascenso social a punta de abusar de las arcas fiscales.

Estos “gran cacao” que ni emprenden, ni estudian y menos aún trabajan, engrosan la lista de deudores de la CFN a los que solo podremos llamar delincuentes una vez que la justicia, luego de un proceso legal de varios años y muchas arenas de impugnación, los califique como tales.

Hasta tanto, se le ha pedido al país que se conforme con conocer los hechos relatados, pero no los nombres de los atracadores de la CFN. El argumento es que existen restricciones legales, relacionadas con el sigilo bancario, que impedirían evidenciar la identidad de quienes han abusado de los recursos públicos.

Sin embargo, desde diferentes perspectivas, varios expertos han acordado en que no hay restricción alguna para ocultar este tipo de información pues de por medio existen recursos públicos.

Si se sigue esa línea de opinión, versada y conocedora del tema, la conjetura que se empieza a posicionar entre la ciudadanía, con sobra de razones, es que existe la pretensión de encubrir a los deudores de la CFN. Dicho de otra forma, la hipótesis que empieza a tomar fuerza es que, desde el gobierno, hay interés en que estos deudores, por llamarlos de algún modo, no se vean sometidos al escrutinio público.

Al pobre, a la clase media, al profesional o al artesano, más impuestos y más controles. Al dilapidador de grandes sumas de dinero, al que viste de terno y corbata, ostenta autos de alta gama, vive en los barrios privilegiados de Quito o Guayaquil y frecuenta restaurantes en los que en cada visita paga lo que buena parte de la población gana en un mes o incluso en más tiempo, nada.

Para el pueblo todo el rigor de la ley, para los “gran cacao” todo el favor del poder político. A la par, y casi como si fuera una burla a la ciudadanía, se ofrece combatir la corrupción, se crean comisiones para perseguir al delito y se ofrece, como siempre, "llegar hasta las últimas consecuencias".

Con hechos como los relatados, luego en el gobierno se preguntan por qué la popularidad del jefe de Estado desciende, por qué la ciudadanía desconfía en tan poco tiempo, por qué la credibilidad es lo excepcional.

La cuestión es simple: la gente está empobrecida, está molesta luego de ver sus descuentos por temas tributarios en el rol de pagos de enero, está fastidiada de que la deuda de unos pocos centavos se persiga con todo el rigor de la ley y la de millones de dólares se quede ahí, en la impunidad.

El presidente Guillermo Lasso ha ofrecido frenar el atraco a los recursos públicos. Pues bien, aquí está una gran oportunidad de pasar del discurso a los hechos. El país espera conocer nombres, los nombres de los que se han llevado los recursos de la CFN.

Al menos la identidad de quiénes han actuado como testaferros pues bien sabemos que los corruptos son eso, depredadores de los ingresos públicos, no torpes.

Presidente, la ciudadanía está perdiendo la paciencia y con justas razones. No hay recursos para los hospitales públicos, no hay recursos para la educación, no hay recursos para la seguridad, pero al mismo tiempo se mantiene en reserva a quienes han generado una deuda incobrable a la CFN. Una deuda que supera los USD 600 millones.

Nombres, queremos nombres.

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