Reducir la pobreza rural es un compromiso incumplido

El Plan Nacional de Desarrollo 'Creando Oportunidades' 2021-2025 establece como objetivo número ocho "Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades".

En este objetivo se reconoce que es necesario "un gobierno que genere las condiciones para la erradicación de la pobreza. Esto se puede lograr a través de la generación de oportunidades de empleo, incremento de la cobertura de la seguridad social, con acceso a un hábitat seguro y vivienda digna, con pertinencia cultural en educación, salud, conectividad, agua potable y saneamiento".

Una de las metas que se plantean es "Reducir de 70% a 55% la pobreza multidimensional rural, con énfasis en pueblos y nacionalidades y poblaciones vulnerables".

Sin embargo, la pobreza multidimensional en el área rural ha aumentado del 63,3% en diciembre de 2017; a 67,7% en 2018; 71,1% en 2019, y 70,7% en 2021.

En pueblos y nacionalidades indígenas, la tasa de pobreza multidimensional, en el área rural alcanzó el 84,2% en diciembre de 2021. Siendo este el grupo más empobrecido, seguido por los montuvios con un 82,08% de pobreza multidimensional en el área rural.

Las principales carencias que explican este nivel de empobrecimiento son la falta de acceso a agua segura, que además es un determinante de la desnutrición infantil, el empleo inadecuado y la baja cobertura de seguridad social, el logro educativo incompleto, y el déficit habitacional que refleja la mala calidad de la vivienda.

Desde que asumió el gobierno de Guillermo Lasso, nada se ha hecho para atacar este problema. Lo que refleja, además de la desatención al área rural, un claro incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que el propio Gobierno comprometió.

Lo que se le pide al Gobierno, en cuanto atención de la ruralidad y a pueblos y nacionalidades, pasa en primera instancia por el cumplimiento de su propia propuesta, lo que se debe reflejar más allá de discursos y promesas, en asignaciones presupuestarias concretas y fortalecer la capacidad de gestión de las entidades públicas para ejecutarlas de manera eficiente y equitativa.