Economía y Desarrollo
Reforma al Código Monetario y Financiero: pistas para quienes no han definido su voto
Andrés Mideros

Andrés Mideros

Doctor en economía, máster en Economía del Desarrollo y en Política Pública. Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Actualizada:

6 Abr 2021 - 19:00

El 24 de marzo, el Presidente Lenin Moreno, junto con el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, remitió por tercera vez el proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.

El proyecto causa varias preocupaciones.

Primero, en cuanto al impacto fiscal, el informe MEF-SPF-SP-2021-031, firmado por los subsecretarios de política fiscal y de presupuestos indican que “el proyecto de reforma, contempla que, si las pérdidas acumuladas del Banco Central del Ecuador no pudieran ser cubiertas con la reserva general, el ente rector de las finanzas públicas le transferirá, dentro de un plazo no mayor a sesenta días, el monto necesario en efectivo o en instrumentos negociables de deuda … generando un impacto fiscal que no se puede cuantificar al momento”. Esto provoca incertidumbre en las finanzas públicas.

El mencionado informe indica que, ante la disposición de que “el Banco Central del Ecuador transferirá al entre rector de las finanzas públicas las acciones de la Corporación Financiera Nacional, Banecuador y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias”, el impacto fiscal de esta transferencia no se ha medido, pero deberá ser incorporada en la Proforma del Presupuesto General del Estado, al igual que el gasto corriente de la nueva burocracia que se crea para las Juntas de Política y Regulación Financiera y Monetaria y la Unidad de Gestión y Regularización.

De esta manera se aumenta el gasto del Estado, y se reducen los recursos disponibles para atender otras necesidades de la emergencia sanitaria y la reactivación económica.

Segundo, el proyecto genera inseguridad jurídica al introducir artículos que contradicen a la Constitución, en cuanto a la formulación de la política crediticia, financiera y monetaria, que es competencia exclusiva de la Función Ejecutiva, bajo las directrices del Presidente de la República, y que el Proyecto plantea otorgar esta facultad a unos cuerpos colegiados que pretenden ser autónomos.

Tercero, el proyecto debilita la institucionalidad pública, generando riesgo moral, al establecer como requisito para ser miembro de las Juntas contar con por lo menos 10 años en funciones de dirección o administración, relevantes en los ámbitos monetarios y financieros, lo que da pasó a la generación de puertas giratorias para que representantes de quienes deben ser regulados (las instituciones financieras) se conviertan en reguladores.

Otra debilidad institucional se da por el plazo de cinco años, que se establece para los miembros de las Juntas, lo cual se interpone con los periodos de gobierno de cuatro años, y abre camino para generar pugna de poderes con la persona que sea electa para la Presidencia de la República, debilitando la gobernabilidad.

Finalmente, el proyecto toca temas complejos, que requieren un debate profundo. Sin embargo, el gobierno a pesar de no contar con aceptación popular insiste en que sea tratado en 30 días, por una Asamblea que está terminando su periodo, al enviarlo con carácter de urgente en materia económica.

¿Qué está detrás del proyecto?

Lo que se busca es el control de la liquidez de la economía. Entregar a representantes de la banca facultades de regulación y de formulación de política económica, establecer como único uso posible de la reserva internacional viabilizar operaciones comerciales y de inversión a través de la banca privada, y condicionar la capacidad de gestión del Estado quitándole liquidez.

Es una Ley para favorecer intereses particulares por sobre el bien común, como lo fueron la Ley de fomento productivo de 2018 que generó subsidios, a nombre de incentivos y remisión tributaria, al sector corporativo, y la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario de 2020 que puso el costo de la crisis económica en la reducción de jornada y salario de los y las trabajadoras.

Todas estas leyes han contado con el apoyo de los bloques legislativos de Creo y el PSC, como también lo tuvo la reciente decisión que evitó que la Asamblea Nacional conozca el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia de los hechos ocurridos en octubre de 2019.

Es así como los y las asambleístas frente al proyecto de Ley, de la misma manera que los y las electoras con nuestro voto el próximo domingo, encontramos pistas para tomar una decisión ante una clara pregunta: ¿la banca o el país?

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