Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) son claras. A diciembre de 2019, había 311.134 personas desempleados, de las cuales el 85% (266.409) se encuentra en el sector urbano.
La mayor parte son jóvenes, unos que han terminado sus estudios y no logran encontrar un empleo, y otros que han dejado de estudiar (o lo han pospuesto) por la pérdida de ingresos de su hogar y que ahora buscan trabajo.
En cuanto al empleo no-adecuado, es decir, quienes ganan menos del salario básico y/o trabajan menos de 40 horas, incluye a 4,6 millones de personas, equivalente al 57,4% de la población económicamente activa (PEA).
En el sector urbano el empleo no-adecuado es del 47,1%. Entre las ciudades, para las que existe información, la situación más crítica se da en Guayaquil y Ambato, donde el empleo no-adecuado alcanza el 45,2% y al 45,9% respectivamente.
Sin embargo, el mayor deterioro se observa en Quito, donde el empleo no-adecuado aumentó del 33,9% en diciembre de 2018 al 37,8% en diciembre de 2019.
En sector rural la situación es aún más grave. El empleo no-adecuado alcanza el 77,8% de la PEA. Ocho de cada 10 trabajadores del área rural ganan menos del salario básico y/o trabajan menos de 40 horas.
La pérdida de empleo, se expresa en caída de ingresos de los hogares y, por ende, en la reducción del bienestar (calidad de vida), que afecta con mayor fuerza a los jóvenes y al sector rural. Pero, además, genera menor capacidad de compra lo que contrae aún más a la economía (por reducción de la demanda), causando un problema estructural que profundiza la crisis.
Adicionalmente, las cifras de empleo dan cuenta de una reprimarización de la estructura económica (lo opuesto a lo que se necesita para el desarrollo), al mostrar que aumenta el peso de actividades primarias de producción de alimentos y extracción de recursos naturales (de baja productividad), y caen las de industria y servicios (de mayor productividad).
Es así que la participación del empleo en manufactura se ha reducido del 11,3% en 2017, al 10,7% en 2018, y al 10,3% en 2019; también caen la participación de la construcción del 6,8% al 6,1%, entre 2017 y 2019.
La de comercio baja del 19,1% en 2017 al 17,9% en 2019, y la de administración pública del 4,3% en 2017 al 3,4% en 2019.
Mientras que la participación en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumenta del 26,1% en 2017 al 29,4% en 2019.
Para cambiar estas tendencias es necesario replantear el objetivo de la política económica. Se debe priorizar el crecimiento económico y, para ello, sostener inversiones públicas y fomentar las privadas reduciendo tasas de interés y dando estabilidad institucional.
La inversión se debe priorizar en sectores intensivos en mano de obra e insumos locales, y se requieren políticas claras para mejorar los márgenes de comercialización de alimentos en beneficio de los productores, y de protección de la producción local.
Es indispensable realizar análisis detallados en cada provincia y cantón del país, para generar alternativas. Lamentablemente se recortó el presupuesto del INEC, y ya no contamos con información a nivel provincial, mucho menos cantonal.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
Lo último