Viernes, 26 de abril de 2024
Efecto Mariposa

Las tarjetas inteligentes y la policía para las madres pobres

Yasmín Salazar Méndez

Yasmín Salazar Méndez

Profesora e Investigadora del Departamento de Economía Cuantitativa de la Escuela Politécnica Nacional EPN. Doctora en Economía. Investiga sobre temas relacionados con pobreza y desigualdad.

Actualizada:

5 Ene 2022 - 19:03

En el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 se plantea que la meta de este Gobierno es bajar seis puntos porcentuales la tasa de desnutrición infantil entre los menores de dos años que, según el INEC, se ubicaba en 27,2% en 2018.

Para cumplir este objetivo el Gobierno anuncia la creación de un nuevo bono.

Aunque no se han especificado aún todos los detalles del programa, según lo manifestado por los titulares del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y de la Secretaría Técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, se sabe que el monto que se entregará podría ascender a USD 70 y que el programa entrará en vigencia en el primer trimestre de este año.

Las beneficiarias serán mujeres embarazadas o con hijos de 0 a 2 años que vivan en condiciones de pobreza o pobreza extrema.

El bono será entregado a través de una tarjeta inteligente, que podrá ser usada para la compra exclusiva de alimentos.

Para mantener el beneficio, las madres deben asistir a controles prenatales en los centros de atención de la red pública de salud, llevar a los niños de 0 a 5 años a controles médicos y cumplir con el esquema de vacunación.

La entrega de la tarjeta inteligente es para controlar que las madres compren únicamente alimentos.

Sin embargo, esta modalidad ya ha sido utilizada en otros países y se ha evidenciado que las personas se dan modos para evadir los controles.

Por ejemplo, las beneficiarias pueden comprar los alimentos y luego venderlos para obtener dinero y cubrir otras urgencias, como pagar el arriendo, comprar un tanque de gas, comprar la medicina que no tienen en el centro de salud público o pagar la luz o el agua.

También es posible que se simule la compra de alimentos, pero en realidad, los dueños de las tiendas pueden entregar el dinero en efectivo a las compradoras.

Los controles policiales a las personas que reciben bonos, por muy buena que sea la intención, solo aumentan el estigma que ya sufren los beneficiarios de las políticas sociales focalizadas.

Si las madres son instruidas a alimentarse bien durante el embarazo y tienen los medios, comerán bien.

Diversos estudios y experimentos desmitifican la creencia de que las personas pobres no saben usar el dinero.

Tampoco se puede satanizar a los beneficiarios de los programas de transferencia de renta diciendo que si no los controlan gastan en fiestas de 15 años o compran televisiones.

No se puede generalizar a partir de un caso particular y, de paso, no es ningún pecado que las personas pobres armen una fiesta para celebrar una ocasión especial.

Algunos estudios que analizan el impacto de programas de transferencia de renta, en países como Brasil y México, concluyen que estos programas sí tienen un impacto positivo en la alimentación de las personas pobres.

Sin embargo, hay algunos análisis que sugieren que los beneficiarios de los bonos aumentan el consumo de alimentos con más calorías, pero con menos valor nutricional.

No botemos la pelotita de la desnutrición crónica infantil solo a las personas pobres, pues el 14% de los niños que pertenecen a los hogares más aventajados económicamente también padece de desnutrición.

Y no es de extrañarse, pues los alimentos que lideran la lista de compras de los ecuatorianos en las tiendas son las gaseosas y los snacks.

Entonces, parece que esto de comer mal es de ecuatorianos, ricos y pobres. Toda la población necesita una buena campaña de alimentación saludable.

Revisando las cifras del INEC sobre desnutrición crónica en menores de 2 años por provincias no se observa, necesariamente, una relación directa entre el nivel de pobreza del lugar de residencia y la desnutrición.

Por ejemplo, Esmeraldas y Guayas tienen una tasa de desnutrición crónica de casi 23%, mientras que en Santa Elena y Tungurahua esa cifra se ubica en un 40%.

Parece que, erradicar la desnutrición crónica no es solo cuestión de controlar las compras de las madres pobres a través de una tarjeta. Es instruir a la población sobre cómo debe alimentarse, es dotarla de agua potable para preparar los alimentos.

El que las madres y los niños tengan la obligación de asistir a controles médicos es una excelente propuesta siempre y cuando los centros de salud estén provistos de medicinas, vitaminas, vacunas y, claro, de médicos.

El sistema de Protección Social del Ecuador ya cuenta con ocho bonos y pensiones. Cada uno de estos programas de transferencia de renta tiene sus requisitos y beneficiarios, pero en algunos casos, hay más de un programa para atender a un mismo sector de la población y estos cruces causan confusión a los beneficiarios.

Además, la administración de tantos programas es compleja y requiere que se destinen más recursos.

Aumentar una pieza más al rompecabezas complicará los controles e inflará los costos administrativos. Es más eficiente gastar en la gente que necesita que en la burocracia. Hay que pensar en la unificación de los programas que se solapan.

Para erradicar la desnutrición es indispensable asegurar que la gente tenga plata para comprar la comida y que esté informada sobre cómo alimentarse mejor.

Eso de querer ser la policía de los pobres simplemente no funciona. Iniciativas buenas no pueden ser empañadas por creencias y criterios no técnicos.

Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.

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