El mandatario colombiano, Iván Duque, en una breve declaración calificó como “terrorismo urbano” los actos de violencia durante las protestas. Dijo que son financiados por “mafias del narcotráfico”
En una breve declaración, el presidente Iván Duque reaccionó las protestas en contra de su Gobierno. Calificó como “terrorismo urbano” a los actos vandálicos que se registraron, especialmente, la noche del martes en Bogotá.
“La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la Fuerza Pública”, dijo el mandatario.
Y aseguró que esos actos son “financiados y articulados por mafias del narcotráfico”. Por eso anunció dos acciones concretas:
- La activación el grupo especial de investigación contra el vandalismo, para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Este grupo, dijo, cuenta con 15 líneas de investigación abierta para judicializar a los criminales y 11 seccionales de investigación.
- Una recompensa de hasta 10 millones de pesos por la colaboración efectiva para la identificación y captura de los autores de actos vandálicos y delitos que se han presentado en los últimos días contra la infraestructura pública.
En declaraciones a un medio de comunicación, el mandatario tampoco descartó decretar el estado de conmoción interior debido al empeoramiento del orden público en algunas ciudades del país debido a las protestas que dejan al menos 24 muertos y más de 800 heridos.
“Se han aplicado en el pasado conmociones interiores focalizadas, yo no estoy diciendo ni que lo voy a hacer ni que es inminente, lo que estoy diciendo es que no renunciamos a ninguna herramienta que nos dé la Constitución y la ley para proteger a los ciudadanos”, manifestó Duque en una entrevista con la emisora Blu Radio.
Según la Constitución colombiana, la conmoción interior es un estado de emergencia que puede ser declarado por el presidente cuando existan graves perturbaciones del orden público que atenten de manera inminente contra la estabilidad institucional.
También le da al mandatario poderes excepcionales con los que incluso podría expedir leyes y decretos o, contratar directamente, entre otros asuntos.
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