El Consejo de la Judicatura asegura que una ciudadana presentó en una diligencia un certificado médico según el cual, supuestamente, era portadora de COVID-19.
El presunto delito es “falsificación de documento público”. Pedro Crespo, director general y representante legal del Consejo de la Judicatura, presentó, este 13 de marzo, ante la Fiscalía del Estado una denuncia en contra de una ciudadana.
La usuaria, según el organismo, asistió el 11 de marzo de 2020 a una diligencia en la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia – Mariscal Sucre, de Quito, donde presentó un certificado médico según el cual, supuestamente, era portadora de COVID-19 y, por tanto, debía permanecer en cuarentena.
El incidente, que generó temor entre los usuarios y servidores judiciales, fue reportado inmediatamente a las instancias pertinentes y mientras se confirmaba si la ciudadana constaba en alguna de las bases de personas contagiadas, cerco epidemiológico o pacientes en cuarentena, las actividades en la Unidad Judicial fueron suspendidas por cerca de una hora.
Una vez que se confirmó que se trataba de una falsa alarma el trabajo se reanudó con normalidad.
La posible sanción
Según el Código Penal, la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (…)”.
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