El proceso por presunto delito de delincuencia organizada, que involucra a Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y cinco personas más, se ha dilatado en tres ocasiones.
La diligencia debió instalarse el sábado 22 de mayo, pero se suspendió después de que la jueza que conoce el caso, María Elena Lara, fue recusada por la defensa de Abdalá y Jacobo Bucaram.
“La recusación fue planteada porque la jueza ya resolvió el juicio abreviado de otros dos procesados, entonces ya fue contaminada con las pruebas de la Fiscalía” dice Alfredo Arboleda, abogado defensor de la familia Bucaram.
Esta sería la segunda ocasión en la que la defensa de Abdalá y Jacobo Bucaram piden el cambio de juez. Alegan “conflictos en la imparcialidad” que pueda tener el funcionario de justicia.
Por ello, la Fiscalía denuncia dilaciones en el proceso contra Bucaram y su hijo. Además indican que estas ocurren cuando el próximo 12 de agosto caducarán las medidas cautelares contra los procesados.
Este lunes 24 de mayo podría conocerse quién sería el nuevo funcionario judicial que conozca la causa.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para detección de Covid-19.
Por esta causa están procesados también, en calidad de autores, Sheinman Oren y Shy Dahan. Este último asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral.
Los otros pedidos de los Bucaram
El 10 de diciembre de 2020, Jacobo Bucaram planteó una recusación en contra de la jueza Ana Lucía Cevallos, que en ese entonces llevaba la causa.
Según Arboleda, aquella recusación se presentó porque “la jueza era enemiga manifiesta de uno de los abogados de la defensa de Bucaram”. Así el proceso pasó por sorteo a María Elena Lara.
El 15 de abril, hubo una nueva solicitud de diferimiento de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por la defensa de Bucaram. Ese día la jueza penal de Pichincha instaló la audiencia solo para conocer los pedidos de procedimiento abreviado.
Esta solicitud la hicieron Kléver A. y Jhonny S., exagentes de la AMT, quienes fueron sentenciados a cinco años de prisión. Ellos aceptaron su culpabilidad en el delito por delincuencia organizada.
Las diligencias suspendidas han sido para mostrar las pruebas para llamar o no a juicio. “Pero si la jueza ya emitió un criterio al sentenciar a esos dos procesados, ya estaría diciendo que no hagamos la audiencia, sino que vayamos directo a juicio”, dice Arboleda.
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