Entre el 21 de agosto y el 2 de septiembre de 2020, la Contraloría revisó la veracidad de los trabajos de demolición realizados en 19.939 predios de Manabí, tras el terremoto de 2016.
Los resultados de esa auditoría sobre la reconstrucción de Manabí se recogieron en el informe DPM-0061-2021, que se aprobó y publicó el 1 de julio de 2021.
En total, la Contraloría evaluó 12 contratos en nueve cantones de esa provincia firmados por el Ministerio de Obras Públicas (MTOP), entre el 29 de abril y el 7 de julio de 2016.
Los auditores visitaron el 60% de los predios y constataron que las demoliciones se realizaron. Los terrenos se encuentran vacíos y, en algunos casos, con edificaciones nuevas construidas por particulares y por entidades públicas.
Sin embargo, la documentación relacionada con autorizaciones de trabajos en horas extraordinarias y suplementarias estaba incompleta y no cumplió con el 'Protocolo para el proceso de demolición y remoción de escombros' que se suscribió el 30 de mayo de 2016.
Por ejemplo, hubo falta de sustentos en las planillas de los pagos a obreros referentes a los trabajos por medio de la modalidad horas/máquina, que sobrepasaron las ocho horas diarias de trabajo o 40 horas semanales.
No existen las autorizaciones para el trabajo por parte de los contratistas y de los fiscalizadores. Por lo que la Contraloría no pudo confirmar que en los predios se requirieron dichas horas extraordinarias o suplementarias.
Los contraargumentos
La auditoría preliminar de la Contraloría predeterminó irregularidades en los 12 contratos. Sin embargo, los contratistas de siete de esos procesos presentaron sus descargos y se modificaron los resultados.
El contratista a cargo de las obras en el cantón Junín, por ejemplo, indicó que la documentación que la Contraloría solicita estaba en las liquidaciones de horas/máquina presentadas.
Esas liquidaciones se habían adjuntado a las planillas que respaldaban el pago y fueron avaladas por fiscalizadores, supervisores y administradores.
Lo mismo ocurrió con los contratos de Pedernales, Calceta, Tosagua, Flavio Alfaro, Manta (limpieza de escombros) y Chone. Los descargos fueron aceptados y los comentarios desvanecidos.
En su mayoría, los contratistas presentaron los respaldos para los pagos de horas extras. Pero hay cinco contratos para los que se ratificaron las observaciones.
Son los contratos referentes a la demolición en Manta (dos contratos), Portoviejo, Chone y Montecristi.
Los empresarios intentaron desvanecer los hallazgos, argumentando que la contratación del MTOP se refería a las máquinas para demolición y limpieza y no a los obreros.
De manera que la mano de obra corría por cuenta de las empresas y en caso de que hubiese habido un problema en pagos de salarios, el reclamo debía ser tratado por el Ministerio del Trabajo y no por la Contraloría.
La Contraloría asegura que los contratistas de estos cinco proyectos de derrocamiento no entregaron las autorizaciones que hubiesen permitido realizar controles posteriores a las horas de trabajo facturadas.
Mientras que los fiscalizadores y los supervisores del MTOP dieron trámite a estos pagos sin ninguna objeción.
No es la primera observación
Esta no es la primera observación que la Contraloría hace a las demoliciones tras el terremoto de abril de 2016. En 2018, la entidad de control determinó que el MTOP y los contratistas incumplieron el protocolo antes mencionado.
Entre 2016 y 2017, los contratos firmados por el Gobierno para estas tareas sumaron cerca de USD 60 millones, de los cuales USD 29 millones presentaron observaciones.
De ese monto USD 28,4 millones se pagaron a través de planillas no justificadas y los USD 1,4 millones restantes, fueron pagados sin los respaldos correspondientes de la fiscalización de las obras.
Las planillas no justificadas se consideran como tales porque, al igual que en el caso de las horas extras de los obreros, no se hallaron los documentos que comprueben que las operaciones se hayan ejecutado en las cantidades cobradas.
La Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí (CNA) ha seguido de cerca este tema. Julio Villacreses, integrante de la CNA, dice que con el primer informe ya se hallaron indicios de responsabilidad penal.
Pero que un fiscal manabita, a quien califica como "cuota política del correísmo", archivó la causa. La Comisión presentó una queja ante la Judicatura, pero no obtuvo resultados.
"Entre 2016 y 2017, las grúas y otras máquinas de la demolición permanecían prendidas todo el día, pero no trabajaban todo el día. No se debió pagar por hora/máquina sino por hora trabajada".
Julio Villacreses, miembro de la CNA Manabí
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