Cuatro años y ocho meses han pasado desde que la Fiscalía empezó a investigar formalmente el uso de recursos públicos en la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016.
El 11 de octubre de 2016, sobre la base de un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) que remitió la Contraloría, la Fiscalía empezó a investigar el uso de los recursos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.
Desde entonces se han abierto cinco investigaciones previas.
Sin embargo, hasta el 9 de julio de 2021 esos casos no han prosperado. No hay ningún procesado y ninguna de las causas ha podido rebasar la barrera de la investigación previa que mantiene a los casos en reserva.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en esta fase la Fiscalía debe reunir los elementos convicción, construir una teoría del caso y decidir si formula cargos contra los procesados o solicita el archivo del proceso.
En casos de peculado, lavado de activos, delincuencia organizada y tráfico de influencias, que son por los que se indaga en la reconstrucción, la investigación podía durar hasta dos años.
El plazo en el caso que inició en 2016 se cumplió en octubre de 2018. En los tres casos abiertos en 2018 y 2019, ese tiempo feneció en julio de 2020 y en mayo y julio de 2021.
Además, hay un caso por estafa que se abrió en mayo de 2021 y cuya investigación previa podría durar hasta mediados de 2023.
Además de las fechas en las que empezaron las investigaciones previas y los plazos, PRIMICIAS solicitó a la Fiscalía una entrevista con el agente a cargo de los casos. La entidad respondió que los casos que se encuentran en investigación previa se mantienen reserva.
Pablo Encalada, abogado penalista, explica que si bien el COIP no faculta a la Fiscalía para alargar más de dos años una investigación previa, es una práctica común debido a la acumulación de trabajo que tiene la entidad.
¿Cuáles son los casos?
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) Núcleo Manabí ha seguido de cerca estos procesos. El 28 de junio de 2021, la entidad levantó una alerta sobre la inminente prescripción de los procesos.
En abril de 2019, este organismo presentó una denuncia ante la Fiscalía con base en el IRP de la Contraloría. Según las estimaciones de este organismo, el Gobierno manejó USD 3.500 millones para la reconstrucción.
Gran parte de esos dineros salieron del bolsillo de los ecuatorianos. Por la denominada Ley de Solidaridad, todas las personas con trabajo bajo relación dependencia con un sueldo igual o mayor a USD 1.000 aportaron una parte de su salario.
El informe que sirvió a la CNA fue el primero que aprobó la Contraloría, en el que se auditó la aprobación de obras no ejecutadas y no prioritarias de la reconstrucción. El Gobierno de Correa aprobó la contratación de USD 2.900 millones por 600 obras.
El segundo informe de la Contraloría, con el que se abrió una investigación en julio de 2019, en cambio, apunta al exvicepresidente Jorge Glas, al exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, y otras 10 personas.
La Contraloría hizo un examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas, a los procesos de contratación de servicios comunicacionales y publicidad, así como a la fiscalización de varios proyectos.
El caso más grande, que involucra incluso al expresidente Rafael Correa, provino, de una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs-T), que presidió Julio César Trujillo.
Esa entidad halló indicios de:
- Peculado.
- Testaferrismo.
- Enriquecimiento ilícito.
- Tráfico de influencias por el favorecimiento de contratos a empresas con vínculos familiares de funcionarios públicos.
- Sobreprecios.
- Multas sin cobrar.
- Subcontrataciones indebidas.
- Contratos modificatorios irregulares.
- Cambios en los diseños y estudios de carreteras sin justificación técnica.
- Pagos por rubros no ejecutados.
Manta, Bahía, Pedernales y Chone. Los cuatro hospitales que ofrecieron construirse en Manabí tras el terremoto de 2016 siguen pendientes. API
La mano de Celi en Manabí
Luego de la aprobación del informe del Cpccs-T, la CNA y Trujillo solicitaron a la Contraloría auditar los USD 3.500 millones destinados para la reconstrucción. Pablo Celi, en calidad de contralor, emitió una orden de trabajo.
Según Julio Villacreses, miembro de la CNA Manabí, ese informe auditó solo el 3% de los recursos. Pero sí se obtuvo indicios de responsabilidad penal contra Glas, Bernal y otros miembros del Comité de Reconstrucción.
Sin embargo, dice Villacreses, Celi de manera "sospechosa" admitió un recurso de revisión administrativo solicitado por parte de los señalados y desvaneció esos indicios.
Nunca notificó de esa decisión a la Dirección de la Contraloría en Manabí o al equipo auditor, dice. Pero, el jefe de equipo de esa auditoría, sí envió los resultados a la Fiscalía.
Incluso, dice Villacreses, este funcionario ya fue llamado a dar su versión.
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