Prefecto de Cotopaxi seguirá su proceso penal en libertad
En la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Cotopaxi le dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Tras salir de la aprehensión, Jorge Guamán anunció su candidatura a la Alcaldía de Latacunga.
Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, brindó declaraciones a la salida de la audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada, el 29 de julio de 2022.
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El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán, seguirá su proceso en libertad. La presidenta de la Corte de Justicia de esa provincia, Rosario Freire, dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para el funcionario, procesado por delincuencia organizada.
Mientras que para los otro ocho procesados, la jueza dictó prisión preventiva.
Según informó Fiscalía, la magistrada ordenó además la retención de cuentas hasta por USD 2 millones y la prohibición de enajenar bienes.
Tras recuperar su libertad, Guamán rechazó los cargos en su contra y anunció su candidatura a la Alcaldía de Latacunga. "Lo hago público, he decidido, lo decidí en las últimas horas, participar para la Alcaldía de Latacunga".
El funcionario, quien se desempeña como prefecto de Cotopaxi desde 2014, aseguró que no tiene ninguna propiedad adicional a su casa en Belisario Quevedo y que lo va a demostrar.
Además, señaló a la Izquierda Democrática de estar detrás de las acusaciones en su contra.
Mientras, Álex Toapanta, abogado del prefecto Guamán, insistió en la inocencia de los procesados. "No se ha demostrado ninguna responsabilidad, están solamente con acto de persecución. No hay indicios de responsabilidad en los 24 cuerpos de juicio que tenemos, no hay elementos de convicción".
El prefecto fue detenido la madrugada del 28 de julio de 2022, en un operativo denominado Depuración 1.
Las investigaciones señalan a Guamán por presunto cobro de dinero a cambio de cargos en la Prefectura de Cotopaxi y por la adjudicación de contratos. Extraoficialmente, se conoce que el prefecto habría recibido bienes.
Entre los otros procesados, hay funcionarios y contratistas.
Desde el Gobierno, el ministro Francisco Jiménez manifestó que "este caso levanta una alerta y un llamado a la justicia, para no dejar estos hechos en la impunidad".
En tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) aboga en un comunicado por una investigación "sin presiones políticas de ningún tipo".
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