Los acuerdos comerciales obligan a 'limpiar' el desorden jurídico nacional

Los acuerdos comerciales obligan a Ecuador a estandarizar sus regulaciones internas. El presidente Lenín Moreno emitió un decreto ejecutivo que busca poner orden a la emisión de normativa secundaria.

Lo que más existe en el país es normativa secundaria. Las regulaciones que emiten los ministerios y agencias, e incluso los emitidos por entidades que ya no existen, siguen vigentes por miles y muchas de ellas ya ni siquiera son aplicables.

Esto es algo que desagrada a los socios comerciales extranjeros porque afecta la seguridad jurídica de cualquier proyecto o inversión. Pero también, puertas adentro, afecta a los ciudadanos, cuyas vidas son mayoritariamente normadas por estas regulaciones menores, que no son leyes y que se emiten constantemente y sin control.

Son regulaciones que definen, por ejemplo, costos y procedimientos para obtener la cédula de identidad, pasaporte, licencia, matrículas y, prácticamente, todas las actividades de la vida cotidiana.

Pero, también abarcan áreas como aduanas, salud, educación, minería, petróleos, espectro radioeléctrico. Todo.

Por esto, incluso, esta temática forma parte de las negociaciones del acuerdo comercial con Estados Unidos. El último acuerdo de primera fase, firmado esta semana entre ambos países, incluye entre sus temas las “Buenas Prácticas Regulatorias”, que refleja el nivel del tratado comercial entre los países de América del Norte.

Esto también es parte importante de negociaciones y acuerdos con Chile y México, miembros de la Alianza del Pacífico, bloque comercial al que Ecuador quiere ingresar a como dé lugar.

Es así que el presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo No. 1204, el 4 de diciembre, cuatro días antes de la firma del último acuerdo con Washington. El documento declara como política de Estado la “mejora regulatoria”.

El decreto tiene cinco objetivos:

Asegurar una adecuada gestión regulatoria gubernamental.
Mejorar la calidad de vida de la población.
Fomentar la competitividad y el emprendimiento.
Propender a la eficiencia en la economía.
Garantizar la transparencia y seguridad jurídica.

Esta tarea estará en manos de la Secretaría General de Carondelet, actualmente a cargo de Nicolás Issa Wagner, anterior director del Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar).

Procedimiento y plazos

Desde Carondelet, dice el decreto, se emitirán las directrices para estandarizar las regulaciones del Ejecutivo y se evaluará el cumplimiento de las demás instituciones del Ejecutivo. Y las decisiones del Secretario General sobre las regulaciones que emitan las demás entidades serán vinculantes.

Las entidades del Ejecutivo que emitan regulaciones deberán cumplir con dichas directrices y están obligados a emitir informes de impacto regulatorio, ejecutar acciones de consulta pública sobre nuevas normas e informar a los actores regulados sobre los avances.

A largo plazo, el objetivo es eliminar la normativa secundaria obsoleta, ordenar la vigente y estandarizarla para que se ajuste, no solo a la Constitución de 2008 y las leyes derivadas, sino a los nuevos acuerdos internacionales adquiridos.

Es por eso que este proyecto, que viene trabajándose desde 2013, tiene como meta crear un ‘Catastro Regulatorio’ en un año. Será, si es que se cumplel, un archivo de libre acceso en el que la ciudadanía podrá acceder a todas las regulaciones secundarias ordenadas por temáticas.

Sin embargo, con las elecciones generales a puertas y el cambio de gobierno en seis meses, la continuidad de este proceso de ‘limpieza’ dependerá del gobierno entrante.

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