Adolfo Agusto y su empresa no pueden justificar USD 7,3 millones

El 16 de septiembre del 2021, con los datos recopilados durante la instrucción fiscal del caso Las Torres, la Fiscalía abrió una nueva investigación previa. Esta vez por el delito de lavado de activos.

En seis meses, la Fiscalía recopiló los indicios suficientes para creer que hubo un delito y en abril de 2022, finalmente, formuló cargos contra Adolfo Agusto y su empresa Adokasa.

Agusto es hermano de José Agusto Briones, el fallecido exsecretario de la Presidencia y exministro de Energía de Lenín Moreno. Ambos fueron procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres.

Según la Fiscalía, los hermanos Agusto formaban parte de una estructura delincuencial que gestionó y cobró sobornos a empresas contratistas del Estado a cambio de agilizar el pago de facturas atrasadas.

Adolfo Agusto está en etapa de juicio por ese caso. Su hermano falleció en la Cárcel 4 en medio de las investigaciones, aparentemente se quitó la vida.

Si bien en el caso Las Torres, la Fiscalía busca probar el cobro de sobornos. Aún falta saber, qué pasó con ese dinero cobrado ilegalmente. Por ello la Fiscalía abrió dos casos.

Uno apunta al excontralor Pablo Celi y a su hermano Esteban, quienes supuestamente montaron una fachada empresarial para mover esos recursos. Los dos son procesados por cohecho. Mientras que el segundo caso es el de lavado de activos contra Adolfo Agusto.

Cuatro empresas en la mira

Si bien en el caso solo fueron procesados Adolfo Agusto y Adokasa, en los documentos de la Fiscalía resaltan los nombres de tres empresas más:

• Ringitt S.A.: con sede en Guayaquil, creada en 2008 y que se dedica a actividades inmobiliarias.
• Silasa S.A.: también guayaquileña, constituida en 2005 para la compra y venta de equipos, herramientas y maquinarias.
• Fraxianer S.A.: constituida en Guayaquil en 2012 y que se dedica a la actividad agrícola.

Según la Fiscalía, entre 2017 y 2021, la empresa Adokasa recibió fondos provenientes de una estructura delincuencial. La empresa es representada por Adolfo Agusto, quien además es su mayor accionista.

Esta estructura delincuencial habría sido creada para agilizar pagos de contratos con entidades públicas ocultando su origen real. Para esto, expone la Fiscalía, se hicieron operaciones económicas con el objeto de dar apariencia de licitud a los fondos.

Específicamente, la Fiscalía está analizando seis pagos hechos por Ringitt y Silasa a Adokasa, entre el 30 de enero y el 21 de febrero de 2020. En total, la empresa de Agusto recibió USD 276.000.

Así fueron los pagos:

• Ringitt (USD 226.000)
  • 31 de enero: USD 50.000
  • 14 de febrero: USD 25.000
  • 19 de febrero: USD 50.000
  • 20 de febrero: USD 50.000
  • 21 de febrero: USD 51.000
  • Silasa (USD 50.000)
    • 30 de enero: USD 50.000

    Estas empresas, a su vez, constan como las principales beneficiarias de trasferencias realizadas por la compañía Fraxianer, una de las que supuestamente también recibió los sobornos en el caso Las Torres.

    El 21 de marzo del 2022, la Fiscalía allanó las oficinas de Ringitt, Silasa y Adokasa. El objetivo de las diligencias era establecer el motivo de esos pagos. No se encontró ningún documento que los justificara.

    Para reforzar la tesis del lavado de activos, además, la Fiscalía realizó una pericia a las cuentas de los involucrados:

    • Adolfo Agusto: entre, 2017 y 2020, en tres cuentas bancarias recibió USD 816.732 y solo declaró USD 279.686.
    • Adokasa: Tuvo ingresos por USD 7,6 millones, pero solo declaró USD 417.065.

    Es decir, entre sus cuentas personales y las de su empresa, Agusto no puede justificar ingresos por USD 7,3 millones.

    Sobornos para los hermanos

    La Fiscalía todavía no ha logrado calcular cuánto dinero habrían recibido José y Adolfo Agusto por concepto de sobornos. Pero, las sospechas provienen de asistencias penales de Estados Unidos.

    En ese país Raúl De la Torre y Roberto Barrera, emisarios de la estructura delictiva para el cobro de sobornos, fueron detenidos y colaboraron con la justicia.

    La Fiscalía, por ejemplo, recibió documentos que señalan hacia Costa Rica, donde está la empresa Tyrion S.A. En febrero de 2019, esta empresa abrió una cuenta en Byscaine Bank de Miami.

    Quien se apersonó de esa diligencia bancaria fue, justamente, Adolfo Agusto.

    Esa ruta coincide con lo dicho por los involucrados en conversaciones grabadas. Cansado de retrasos en los pagos de los sobornos por parte de Nolimit (empresa proveedora de Petroecuador), José Agusto Briones habría pedido a De la Torre que consiguiera que los pagos se hicieran en Costa Rica, a través de un fideicomiso dirigido por su hermano.

    Pero, antes de tomar el camino de Tyrion en Costa Rica, los hermanos Agusto Briones habrían movido dinero con las cuatro empresas mencionadas por la Fiscalía en Ecuador.

    Según los documentos de la Fiscalía, De la Torre había dado a los representantes de Nolimit el número de cuenta de un banco en Panamá a nombre de Fraxianer. Esta empresa ecuatoriana está en medio de un entramado societario que se asemeja a un trabalenguas.

    Fraxianer es propiedad de otras dos empresas: Cengrusa y Provicorpsa. Cengrusa es propiedad de Fraxianer y Gringold. Provicorpsa es de propiedad de Cengrusa y Fraxianer. Finalmente, Gringold es de propiedad de Cengrusa y Fraxianer.

    Todas estas empresas, que son relacionadas y dueñas entre sí, tienen un nombre en común. Antes uno de sus accionistas fue Andrés Luque, uno de los 11 acusados en el caso Las Torres.

    Mientras que su representante legal es Néstor Medina, un carpintero de 75 años, quien dijo que solo firmaba papeles a pedido de Luque.