El excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y el tío político del segundo, Pedro Saona, son señalados por cobrar USD 1,3 millones a la contratista China CAMC Engineering a cambio de desvanecerle una glosa millonaria. La justicia ordenó prisión preventiva para los tres.
Nota actualizada a las 21:07 del 28 de marzo con la decisión del conjuez Adrián Rojas sobre la prisión preventiva.
Diecisiete indicios presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) en la audiencia de formulación de cargos a los hermanos Celi de la Torre y a Pedro Saona, el 28 de marzo de 2022, en Quito.
La entidad procesó a estas tres personas y a una empresa por presunto cohecho. Según la teoría fiscal, gestionaron sobornos para desvanecer glosas en favor de una empresa china.
La Fiscalía señaló a Pablo Celi como autor del delito de cohecho. Su hermano Esteban y el tío político de este, Pedro Saona, fueron señalados como cómplices.
Una fachada empresarial
El proceso por cohecho se desprende del caso Las Torres, en que la Fiscalía intenta demostrar que Pablo Celi comandó una estructura delictiva que exigió sobornos a cambio de desvanecer glosas y a la empresa Nolimit.
Nolimit, una proveedora de equipos para refinación, necesitaba que las glosas desaparecieran para poder cobrar sus facturas a la petrolera estatal Petroecuador. El caso está pendiente de juicio.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Fiscalía de Ecuador decenas de documentos sobre otras glosas que la Contraloría, al mando de Celi, presuntamente desvaneció a cambio de sobornos.
Una de estas apunta a la contratista China CAMC Engineering. En uno de los documentos de la asistencia penal internacional aparece una transferencia por USD 1,3 millones a favor de la empresa Legalcont LLC, que estaría relacionada con los hermanos Celi.
Según la Fiscalía, esta transferencia coincide temporalmente con un desvanecimiento de una glosa por USD 22,6 millones a favor de CAMC. Y dice que "hubo una clara intención de darle apariencia de legalidad" al pago del soborno.
En esta parte de la historia aparece Pedro Saona, quien es tío político de Esteban Celi. Según su propio relato, a inicios de 2019 estaba pasando por una situación económica personal precaria.
Y Esteban Celi le ofreció una oportunidad laboral. Sería el representante y gerente de la empresa Legalcont Consultores Legalcomec. La empresa se constituyo en Ecuador, el 24 de enero de 2019. Saona aceptó la oferta.
Su sueldo era de USD 1.000 mensuales, que recibía de Esteban Celi. Inicialmente, se suponía que debía gerenciar la empresa y buscar a los abogados y economistas que brindarían los servicios de asesoría que Legalcomec ofrecía.
"Terminé siendo gerente de fachada porque seguía las instrucciones de Esteban Celi", relató Saona en su versión a la Fiscalía. Saona era gerente y único empleado de esa empresa.
Durante alrededor de un mes no hubo movimiento en la empresa, hasta que en febrero de 2019, Esteban Celi le pidió a Saona que constituyera la misma empresa en Estados Unidos: Legalcont LLC. Y que abriera una cuenta en Wells Fargo Bank, en ese mismo país.
Legalcont de Estados Unidos firmó un contrato con China CAMC, el 22 de febrero de 2019. El objetivo de ese contrato era brindar asesoría y estrategias legales para que la empresa asiática se defendiera ante la Contraloría para disminuir la glosa de USD 22,6 millones.
Dos meses después de la firma de ese contrato, la Contraloría desvaneció la glosa. Y en junio de 2019, China CAMC pagó USD 1,3 millones a Legalcont a través de la cuenta del Wells Fargo.
En diciembre de 2020, se cerró la empresa en Estados Unidos y en enero de 2021 fue cerrada la cuenta en Wells Fargo. Tres meses después, en abril de 2021, empezaron las investigaciones por el caso Las Torres.
Los Celi seguirán detenidos
En la audiencia de formulación de cargos del caso por cohecho, el fiscal Wilson Toainga solicitó prisión preventiva para Pablo y Esteban Celi y para Pedro Saona. Los dos primeros ya están detenidos de manera preventiva por el caso Las Torres.
Mientras que Saona es prófugo de la justicia porque incumplió la medida alternativa de presentación periódica ordenada por el caso inicial. Según Migración, Saona viajó a Estados Unidos a finales de 2020 y no ha regresado. Aunque su domicilio fue citado en Costa Rica.
Cerca de las 21:00, luego de varias horas de deliberación, el conjuez Adrián Rojas aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó una orden de prisión preventiva en contra de los tres procesados.
La decisión era importante: el 13 de abril caducará la prisión preventiva de los hermanos Celi en el caso Las Torres y podían quedar en libertad. Ahora, eso no sucederá, al menos, para Esteban.
El caso del excontralor es diferente. Independientemente de lo que pase en los dos procesos, Pablo Celi cumplirá 65 años el 9 de abril y por su edad podrá solicitar arresto domiciliario.
Marcelo Ron, abogado de Pablo Celi, había pedido a Rojas desestimar la nueva prisión preventiva. Dijo que ni Saona ni ninguno de los documentos que la Fiscalía presentó como indicios mencionan al excontralor Pablo Celi.
El abogado de Esteban Celi, en cambio, pidió tomar en cuenta que el contrato con la empresa china CAMC y la transferencia de dinero se dio en Estados Unidos y no en Ecuador. Además, dijo que no hay ningún indicio de que ese dinero haya llegado a las cuentas personales de su cliente.
La defensa de Pedro Saona, por otro lado, alega que se está violando un principio constitucional, ya que se intenta juzgar a su cliente dos veces por los mismos hechos. ¿La razón? En el caso Las Torres se lo señala por la misma transferencia a la empresa China CAMC.
Sobre CAMC, el fiscal Toainga pidió inmovilizar sus cuentas por USD 1,3 millones, como medida cautelar.
Pero los abogados de la compañía manifestaron que esto afectaría las operaciones de la empresa estatal china en Ecuador, impidiendo pagar sueldos y utilidades a miles de trabajadores.
Así como la continuidad de obras que están en ejecución, como el proyecto Casa para Todos y el Hospital de Pedernales. El conjuez Rojas no acogió el pedido de la Fiscalía y dictó la prohibición de enajenar bienes por USD 331.500 (780 salarios básicos unificados)
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