Dos semanas antes de contratar las pruebas de diagnóstico de Covid-19 con Salumed, la Secretaría de Salud del Municipio tenía lista la adjudicación con otra empresa.
Según el expediente del caso de peculado, el 2 de abril de 2021, la Secretaría de Salud emitió un informe de viabilidad a favor de la empresa AWT S.A.
"La oferta cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo tanto es viable su contratación, en consecuencia se recomienda a la máxima autoridad salvo su mejor criterio adjudicar al oferente AWT S.A. el contrato", decía ese informe.
Pero sí hubo un mejor criterio. El mismo 2 de abril, por pedido de Lenín Mantilla, entonces secretario de Salud de la Alcaldía, se elaboró un nuevo informe de necesidad y se empezó el proceso en el que fue favorecido Salumed.
Hoy se conoce que la oferta de AWT era más barata. Ofrecía 200.000 pruebas PCR Polimerasa, trajes de protección y medios de transporte y extracción de muestras. Según la Fiscalía, cada muestra se valoró en USD 18.
A pesar de eso y tras descartar a esta empresa, la Secretaría de Salud contrató a Salumed, que solo ofreció 100.000 pruebas a un costo de USD 42,26, cada una. Además, las pruebas eran RT Lamp y no PCR Polimerasa como se había solicitado.
Esas irregularidades configuran el caso por supuesto peculado por el que el alcalde Jorge Yunda, el exsecretario Lenín Mantilla y 12 personas más esperan la fecha para su juicio.
Ese informe de viabilidad a favor de AWT es parte del caso. Y es una de las pruebas que sirvieron para procesar a Simón Valencia, miembro de la comisión técnica de la Secretaría de Salud.
Valencia, según la Fiscalía, suscribió ese informe de viabilidad y pese a conocer de la existencia de la oferta de AWT, no dijo nada y participó de la comisión que adjudicó el contrato a Salumed.
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