Mosquera será el primer sentenciado por corrupción que pida disculpas

El expresidente Rafael Correa todavía estaba en el poder. Era abril de 2017, faltaban ya pocos días para el cambio de Gobierno, cuando en Ecuador se sintió el coletazo inicial del caso Odebrecht, que ya había causado revuelo en Brasil y en otros países desde 2014.

El primer señalado por corrupción en un caso que involucraba a la constructora brasileña Odebrecht fue Alecksey Mosquera, el primer ministro de Energía de los 10 años de la administración correísta.

En medio del proceso, que duró hasta octubre de 2018, Mosquera se declaró autor confeso del delito de lavado de activos y fue sentenciado a un año de cárcel, al pago de USD 666.666 como reparación al Estado y a pedir disculpas públicas.

Cuando era ministro, Mosquera acordó recibir un soborno de USD 1 millón de Odebrecht a cambio de la adjudicación de contratos a la constructora.

Dinero que Mosquera recibió cuando ya había dejado el cargo y que movió a través de empresas en paraísos fiscales y en cuentas en Andorra.

El 31 de julio de 2020, luego de estar tres años, tres meses y nueve días en prisión, acogiéndose al cambio de régimen penitenciario antes conocido como prelibertad, Mosquera fue liberado.

Y, el 25 de noviembre de 2020, tres meses y medio después de haber sido liberado, Mosquera empezará a cumplir la segunda parte de la sentencia: las reparaciones simbólica y económica al Estado.

En el mezanine de la Corte Nacional de Justicia, el exministro pedirá disculpas públicas por el delito que cometió. Lo hará en presencia del Tribunal que lo sentenció en primera instancia, conformado por los jueces Iván Saquicela, Daniella Camacho y Marco Rodríguez.

Además, asistirá Íñigo Salvador, procurador General del Estado, en representación de Ecuador que se considera la víctima en este caso.

Luego vendrá el cobro de la reparación económica. El total es de USD 2 millones, dividido entre los tres responsables del delito: Mosquera, su padre y su tío político.

Este es otro de los casos que están siendo manejados por la recientemente creada Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría. Son ocho casos con los que se busca recuperar USD 104,1 millones.

A finales de octubre de 2020, la Procuraduría presentó una demanda de ejecución de la sentencia para agilizar el cobro a través de la vía judicial.

Todavía no se conoce si los sentenciados han buscado una fórmula de pago o si se embargarán sus bienes para rematarlos. Deben pagar hasta el 11 de diciembre.

Pocas reparaciones simbólicas

El caso de Alecksey Mosquera es uno de los varios que la justicia ecuatoriana ya sentenció, relacionados con la corrupción durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

Sin embargo, no en todos los procesos, además de la cárcel para los implicados y el pago de reparaciones económicas, los tribunales han ordenado reparaciones simbólicas.

Por ejemplo, en el caso Odebrecht, en el que se sentenció a seis años de cárcel al exvicepresidente Jorge Glas, el Tribunal consideró que la misma sentencia es la reparación simbólica para el Estado y ordenó únicamente su publicación en tres diarios nacionales.

En otros casos como los relacionados con la petrolera estatal Petroecuador, no se dispuso ninguna reparación simbólica.

Tampoco sucedió en el caso de la exvicepreisdenta María Alejandra Vicuña. Quien fue declarada culpable de concusión, por cobros ilegales a sus excolaboradores en la Asamblea Nacional.

En el caso Sobornos 2012-2016, en el que fueron sentenciados Rafael Correa y 19 personas más por el cobro de sobornos a cambio de entregar contratos con el Estado, sí se ordenó la reparación simbólica.

Los sentenciados deberán pedir disculpas, colocar una placa en el Palacio de Carondelet y seguir un curso de ética laica.

Sin embargo, aunque la sentencia está en firme y los procesados que no están prófugos ya están presos, todavía no hay fecha para las reparaciones simbólicas.

¿Por qué demora?

El proceso de ejecución de la sentencia es confuso y largo. Luego de que el fallo judicial es ratificado por la justicia en todas sus instancias, en teoría, los procesados deben cumplir con la prisión y las reparaciones económica y simbólica.

Pero en la práctica eso no sucede. Entonces la víctima debe demandar, nuevamente, a los ya sentenciados para que se ejecute el fallo.

En el caso de los delitos de corrupción, al ser la víctima el Estado, esa responsabilidad recae sobre la Procuraduría. Esos procesos eran asumidos por la Dirección de Patrocinios, que estaba sobrecargada de trabajo.

Ahora, con la creación de la Unidad de Recuperación de Activos, la Procuraduría ya ha demandado ocho ejecuciones de sentencias, que incluyen no solo la parte económica sino también la simbólica.

En el caso Sobornos, por ejemplo, se solicitó al Tribunal día y hora para que, al menos quienes no están prófugos pidan disculpas y coloquen la placa.

Incluso la Procuraduría asumiría los gastos de confección y colocación de la placa y, posteriormente, ese valor se cargaría a la reparación económica.

Además, la realización del curso de ética laica ya se está estructurando. El objetivo es que lo dicte la Dirección de Capacitación de la Contraloría General del Estado.

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