Los jueces Marco Rodríguez, Wilman Terán y Daniella Camacho decidieron no conceder la suspensión condicional de la pena para la exvicepresidenta, María Alejandra Vicuña.
Vicuña deberá pagar el año de prisión, una vez que se agoten los recursos de apelación y casación que se interpondrán antes de que la sentencia se ejecute.
Segun la defensa de la exvicepresidenta, Vicuña cumple con los cuatro requisitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para acogerse al beneficio de la suspensión.
Estos son:
- Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años.
- Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa.
- Que la modalidad y gravedad de la conducta sea indicativa de que no existe necesidad de la ejecución de la pena.
- Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado indiquen que no es necesario ejecutar la pena.
Para esto, la abogada Ana María Ontaneda presentó certificados de la justicia para demostrar los dos primeros puntos. Y cinco certificados de honorabilidad y otros documentos.
La Fiscalía y la Procuraduría, como acusadoras oficial y particular, se opusieron a la concesión de la suspensión condicional de la pena. No repararon en el cumplimiento de los requisitos.
Pero indicaron que no se puede hablar de una conducta que no es grave, ya que Vicuña en su calidad de asambleísta afectó la eficiencia de la administración pública. Procuraduría pidió que la corrupción no quede en impunidad.
La oposición de Fiscalia fue acogida por los jueces.
La exvicepresidenta reaccionó negativamente a la decisión judicial, "esto no es una sentencia jurídica, es una sentencia política", dijo.
Sentencia de un año por cobros ilegales
La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña tiene una sentencia de un año de prisión. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia la encontró culpable de concusión.
Según la acusación de la Fiscalía, que fue acogida por los jueces, Vicuña recibió más USD 42.000 de aportes ilegales por parte de sus excolaboradores, durante los años 2013 y 2017, cuando fue asambleísta.
Estos valores, según Vicuña, sirvieron para financiar su movimiento político, la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Ella dijo que los aportes fueron voluntarios.
En inicio, los jueces dispusieron una condena de cuatro años de cárcel. Pero debido a los atenuantes -no haberse fugado y colaborar en la investigación- la pena bajó un año.
Al ser una condena menor a cinco años, Vicuña solicitó a los magistrados la suspensión condicional de la pena. Esto quiere decir que, independientemente de los que pase en la apelación y casación de la sentencia, Vicuña no iría detenida a cambio de otras medidas condicionales como la prohibición de salir del país.
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