Los arbitrajes internacionales son una incómoda herencia
El gobierno del presidente Guillermo Lasso deberá determinar el origen de los recursos para cumplir con las obligaciones internacionales heredades por las malas decisiones de gobiernos previos.
El presidente Guillermo Lasso el día de su posesión en Carondelet, 24 de mayo de 2021.
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En medio de la crisis económica, social y sanitaria, la última pérdida en arbitrajes extranjeros le costará al Ecuador USD 374 millones, más costos legales.
No solo eso, sino que el Estado deberá pagarlos a la petrolera francesa Perenco en los próximos 60 días, pese a la limitada cantidad de recursos fiscales.
Además de Perenco, hay otras dos docenas de casos que el país disputa en instancias internacionales por motivos de inversión pública o comercial. Solo en cuatro arbitrajes están en juego USD 244 millones.
En los otros 16 los montos son confidenciales o aún indeterminados.
El caso más largo y grande es el de Chevron, que podría ascender a un pago de USD 1.000 millones. El escenario no es favorable para el país, ya que en septiembre de 2020 la Corte de la Haya dio la razón a la petrolera y la Procuraduría apeló el laudo.
Los arbitrajes de este tipo han sido recurrentes en periodos anteriores. El mismo año que nació el caso Perenco (2008) hubo otros tres procesos en contra del Estado:
- Burlington Resources Inc, en la que el Estado ecuatoriano llegó a un acuerdo en 2017 para pagar una indemnización de casi USD 380 millones a la petrolera estadounidense.
- Murphy Exploration & Production Company International, en la que el país pagó, en 2017, USD 19,97 millones más intereses.
- Repson YPF Ecuador S.A., que no prosperó porque las partes llegaron a un acuerdo.
El complejo escenario fiscal y político
El gobierno del presidente Guillermo Lasso no solo recibió un país en crisis y con un presupuesto limitado. Si no que, además, deberá enfrentar obligaciones imprevistas y heredadas como la de Perenco.
La cifra de indemnización a la petrolera francesa coincide con el monto del esperado y retrasado desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), previsto para cubrir otros gastos.
Y el Presidente tiene también los compromisos locales que adquirió durante la segunda vuelta de su campaña electoral y con su plan de gobierno, que deberá ajustarse en medida de la disponibilidad de recursos.
Además, Ecuador ya registra una deuda pública por pasivos contingentes. Según el Ministerio de Finanzas, hasta abril de 2021, las obligaciones por laudos arbitrales ascendían a USD 490,2 millones.
Según el Ministerio de Finanzas, Ecuador tenía previsto un gasto por obligaciones de ejercicios anteriores por laudos y sentencias nacionales e internacionales de USD 130 millones, sin contar con este nuevo revés internacional.
De ese total, solo han sido pagados USD 5,4 millones.
Las responsabilidades sobre las afectaciones
En el caso de Perenco, la demanda nace de las decisiones tomadas por los gobiernos de Alfredo Palacio y Rafael Correa. El procurador, Íñigo Salvador, adelantó que la compañía debería tener en cuenta el difícil momento por el que pasa el país.
"Al final del día, no es un buen negocio incumplir los contratos con los inversionistas, porque ahora tenemos una factura de aproximadamente USD 400 millones. A esta administración le tocará pagar" por las consecuencias de las acciones de otros gobiernos, afirmó el procurador Salvador.
El abogado del Estado recordó que las autoridades responsables de la demanda deberán reparar el daño causado. Entre ellos estarían los exmandatarios, exasambleístas y exministros.
Aunque la figura de la ‘repetición’ está consagrada en la Constitución, es una meta difícil de alcanzar. Y trata del derecho que tiene el Estado a cobrar a los funcionarios que sean declarados culpables de una violación de derechos.
Esta posibilidad se abre cuando el Estado es sancionado económicamente por esas acciones, en una Corte Internacional. Ha sucedido ya en algunos casos, pero sin éxito.
El Estado inició acciones contra el expresidente Lucio Gutiérrez, diputados y jueces, por los casos de destitución de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y exvocales del Tribunal Constitucional.
Pero, desde 2016, los casos no se han resuelto.
En caso de lograrse una sentencia de repetición favorable al Estado, hay otros dos obstáculos para el cobro efectivo: que los acusados no tengan los recursos para cubrir la indemnización o que no tengan bienes en el país que el Estado pueda tomar como parte de pago.
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