Desde 2017, la Procuraduría ha destinado USD 52,8 millones a la defensa del Estado en tribunales internacionales. De los 21 procesos vigentes, siete empezaron en 2019.
El Estado enfrenta 21 procesos en tribunales internacionales iniciados por empresas que alegan que el país violó los tratados de protección de sus inversiones o los contratos suscritos. Siete de ellos iniciaron apenas el año pasado.
Generalmente, el fin de las empresas es lograr una compensación económica por los perjuicios que, aducen, sufrieron en el país. Y los montos son millonarios.
Solo en cinco arbitrajes están en juego USD 618 millones. En los otros 16 los montos son confidenciales o aún indeterminados.
Hay casos antiguos, como el de Perenco, que inició en abril de 2008 y aún no llega a una resolución. Estos procesos pueden tomar varios años si las partes no llegan a un acuerdo, especialmente en casos de arbitraje.
Entre los casos reportados por la Procuraduría General del Estado (PGE) a PRIMICIAS, sigue en antigüedad es el denominado Chevron III, iniciado en mayo de 2010.
Este último se ventila en la Corte Permanente de La Haya. La petrolera estadounidense Chevron reclama que Ecuador pague supuestos daños por denegación de justicia en las cortes nacionales, que podría ascender a USD 1.000 millones.
Según la Procuraduría, actualmente las partes están analizando posibles fechas para fijar un calendario procesal después de que el Tribunal ordenara la apertura de una tercera fase en el arbitraje en la que se discutiría la cuantificación del perjuicio reclamado por Chevron.
Los casos más recientes
Siete de los 21 casos, iniciaron en 2019. Ecuador fue demandado en cortes internacionales por:
- Sugarlatam del Ecuador,
- WorleyParsons,
- Coca Codo-Sinclair,
- China Road and Bridge Company,
- Pañaturi,
- Constructora Canadiense AECON AG Constructores (AECON)
- Consorcio GME CITA, que participó en el proyecto para la construcción de Tranvía de Cuenca.
En el caso de WorleyParsons la historia es compleja: la empresa australiana demanda al Ecuador por incumplimiento de un tratado bilateral de inversiones (TBI) y el Estado mantiene un proceso aparte contra la empresa en Texas para que entregue información sobre la corrupción en Petroecuador.
La empresa estuvo involucrada en polémicos contratos para la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas o el Poliducto Pascuales-Cuenca. Contratos que, ahora, están en investigación por la mala calidad de los trabajos e incluso posibles sobreprecios.
Según el Ministerio de Finanzas, el Estado tiene reservado un fondo para solventar estos pagos, en caso de que los tribunales internacionales favorezcan a los demandantes. El monto, hasta enero de 2020 era de USD 490 millones.
El costo de la defensa
Y, desde 2017, la Procuraduría ha destinado USD 52,8 millones para el rubro de “consultoría, asesoría e investigación especializada”, para la defensa legal del Estado y sus instituciones en el extranjero.
Entre los buffets o empresas preferidas contratadas por el país para esta actividad están Foley Hoag y Dechert LLP, que llevan cuatro y cinco casos cada una, respectivamente.
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