Los vocales censurados y destituidos por la Asamblea amenazan con acciones internacionales. De encontrarse culpable al Estado, éste podría repetir en contra de los legisladores que votaron por la censura. Un escenario, hasta ahora, desconocido en Ecuador.
La figura de la ‘repetición’ está consagrada en la Constitución. Se trata del derecho que tiene el Estado a cobrar a los funcionarios que sean declarados culpables de una violación de derechos. Esta posibilidad se abre cuando el Estado haya sido sancionado económicamente por esas acciones, en un Corte Internacional.
Durante el juicio político a José Tuárez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, ellos amenazaron con la repetición a los legisladores que votaran por su destitución.
Desintonio dijo que los asambleístas y su descendencia deberán pagar por lo que considera es una violación de los derechos humanos. Los cuatro han advertido que acudirán a instancias internacionales por el proceso, que consideran irregular y arbitrario.
Es panorama es complejo para los ahora exconsejeros. En primer lugar, un proceso internacional toma años en ser resuelto. El trámite en el Sistema Interamericano incluye una primera fase ante la comisión, para luego pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
En segundo lugar, hasta ahora el derecho de repetición no ha llegado a concretarse en casos anteriores de destituciones.
La CorteIDH ha fallado en contra de Ecuador por la destitución irregular de funcionarios en dos ocasiones. En ambos casos, las sentencias se dieron por acciones tomadas en 2004, durante el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez.
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Caso Quintana Coello y otros
La remoción de los 27 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2004, decidida por el Congreso Nacional, en el caso conocido como Quintana Coello y otros. En esta causa, la CorteIDH fijó una indemnización para los jueces separados que suma más de USD 12 millones.
Ese año, los partidos de oposición al gobierno preparaban en el Congreso un enjuiciamiento político al entonces presidente Lucio Gutiérrez, por el delito de peculado. Para impedirlo, el gobierno logró construir una mayoría parlamentaria e hizo acuerdos políticos, entre otros, con el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) para cesar a los magistrados y conformar una “nueva” Corte Suprema de Justicia.
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Caso Camba Campos y otros
La destitución de los magistrados del Tribunal Contencioso, en el mismo año, por parte del Congreso. El caso es conocido como Camba Campos y otros. La CorteIDH fijó una indemnización de USD 2,2 millones.
El 24 de noviembre de 2004, el presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, convocó a comparecer a juicio político para el 1 de diciembre de 2004, a los vocales del Tribunal Constitucional por dos decisiones adoptadas por ese órgano. Una de ellas relacionada con un “décimo cuarto sueldo” y la otra respecto a un sistema de asignación de escaños electorales, conocido como “método D’Hondt”.
Para ambos casos, el Estado inició el proceso de repetición en 2016. La Presidencia, la Asamblea Nacional y el Consejo de la Judicatura plantearon las demandas de repetición contra el expresidente Lucio Gutiérrez y los diputados que votaron en el caso. Pero, los casos no se han judicializado hasta la fecha.
El mismo anuncio se hizo cuando el Tribunal de La Haya emitió el laudo arbitral en el caso Chevron (antes Texaco) por la contaminación en la Amazonía. El Tribunal determinó que hubo una denegación de la justicia a Chevron en Ecuador y que el Estado debe indemnizar a la petrolera.
En septiembre del 2018, la Presidencia solicitó a la Procuraduría que iniciara el proceso de repetición en el caso Chevron. Sin embargo, el Tribunal no ha determinado aún el monto de la indemnización.
Una ley sobre repetición que no termina de concretarse
En 2012, el entonces asambleísta Mauro Andino, de Alianza PAIS, presentó un proyecto de Ley de Repetición. El pleno de la Asamblea realizó el primer debate, y se aprobó el informe para segundo debate. El trámite no avanzó más.
En diálogo con PRIMICIAS, Andino explicó que no es necesaria una ley para ejercer el derecho de repetición, pues está contemplado en la Constitución. Sin embargo, una normativa ayudaría a determinar plazos y procesos, para que se pueda realizar de una manera más efectiva.
El tema de la repetición fue incluido en el proyecto de Ley Anticorrupción enviado por el presidente Lenín Moreno en septiembre de 2018. La iniciativa del Primer Mandatario es cambiar un artículo de la Ley de Garantías Jurisdiccionales.
El proyecto señala que el cambio es necesario para que “el Estado pueda reclamar a su favor la responsabilidad resarcitoria (…) en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.
La iniciativa plantea que la repetición se ejerza “de forma inmediata”, y que la acción prescriba cuatro años después del pago realizado por el Estado.
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