Una población armada no garantiza la reducción de la violencia

El incremento de la violencia en Ecuador ha sido exponencial. Entre 2021 y 2022, las muertes violentas subieron un 82%. Es el sexto país más violento de la región y el Estado no ha podido frenar la escalada.

En medio de ese escenario, el Gobierno abre el porte de armas para la población, aunque controlado y con autorización.

Sin embargo, nada está claro. El Decreto Ejecutivo No. 707, sobre el porte de armas de uso civil para defensa personal, deja más dudas que certezas. Y demuestra, nuevamente, que el Ejecutivo toma decisiones reactivas de política pública.

Un trino publicado y eliminado por el presidente Guillermo Lasso evidenció que, para Carondelet, el problema es una "guerra" entre la ciudadanía y los delincuentes. La respuesta fue permitir que los civiles se armen.

Las acciones y anuncios que alimentan la "cruzada por la seguridad" anunciada por el Gobierno no han arrojado los resultados esperados.

Si bien hay un sector de la población que apoya la medida, son más numerosas las posiciones oficiales en contra, especialmente desde la academia y los sectores populares y de izquierda.

¿Sirve el libre porte de armas?

No hay estadísticas que digan que la medida pueda modificar el escenario de violencia. El mayor ejemplo de que el libre porte de armas puede convertirse en generador de violencia es Estados Unidos. Solo en lo que va de 2023, ha habido más de 130 tiroteos en ese país.

Sin embargo, también hay casos como los de Noruega, Finlandia, Alemania, Francia y Dinamarca. Todos estos países tienen una gran posesión de armas en manos civiles, acompañados por un historial de bajas tasas de homicidios.

Por ejemplo, en Noruega la tasa de homicidios con armas de fuego por cada 100.000 habitantes es de 0.07 y la tasa de armas por cada 100 habitantes es de 28.8.

La diferencia radical está en que Latinoamérica es una región marcada por la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Además, poseer un arma de fuego, en la mayoría del continente, se encuentra estrictamente regulado.

Algo que tienen en común los mencionados países europeos con, por ejemplo, con Uruguay (el país latinoamericano con más armas de fuego por habitante) es que sus Estados tienen mayor éxito en el control de la seguridad y en la oferta de servicios públicos.

Esa no es la realidad ni en Ecuador ni en la mayoría de países de Latinoamérica: los cinco países con mayor número de muertes por armas de fuego tienen, a la vez, altas tasas de tenencia de armas en manos de civiles.