Decenas de universidades han rechazado el nuevo decreto, que autoriza el porte de armas para uso civil. El secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, dice que estas posturas son equivocadas.
Tras conocer el decreto 707, que autoriza el porte de armas para uso civil, varias universidades del país han rechazado la medida a través de comunicados en redes sociales.
"Creemos que el libre porte de armas solo agudizará los conflictos", dice, por ejemplo, el mensaje de la Universidad Salesiana.
Este 3 de abril, el secretario nacional de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, le pide a las universidades que "deben leer bien el decreto".
"Si empiezan con una premisa equivocada, la conclusión también lo será", dijo Ordóñez, en una entrevista con Ecuavisa, este lunes.
Según el secretario Ordóñez, el Gobierno no ha dispuesto en ninguna parte del decreto el libre porte de armas.
El nuevo documento legal modifica el Artículo 84 del Reglamento de la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
"Muchas personas han sacado conclusión sin tener en cuenta el decreto. Es el porte controlado y con autorización".
Diego Ordóñez, secretario nacional de Seguridad.
El funcionario recordó varios de los requisitos estipulados para que los "ciudadanos que puedan portar un arma, lo hagan".
Uno de estos requisitos es contar con un certificado de destreza y manejo del arma, emitido por el Ministerio de Defensa.
Sobre esto, Ordóñez aseguró que Defensa deberá definir esta semana el procedimiento para otorgar el certificado, a través de un acuerdo ministerial.
Algo similar debe ocurrir con la prueba psicológica que debe entregar el Ministerio de Salud.
Finalmente, Ordóñez destacó que la nueva medida permite a los guardias de compañías de seguridad portar armas, y que restringe la importación de explosivos.
"Durante el gobierno de Rafael Correa se liberalizó la importación y comercialización de explosivos, y esto ha sido usado para la actividad delincuencial", agregó el funcionario.
Ahora, según ordena el decreto 707, el proceso de importación y comercialización solo le corresponde a las Fuerzas Armadas.
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