El legislativo presentará su propuesta en la Corte Constitucional para quitar al Consejo de Participación Ciudadana la facultad de designar autoridades de control. El texto elimina los concursos de méritos y oposición, pero mantiene el esquema vigente para la postulación de los candidatos.
La Asamblea apura el trámite de la enmienda constitucional para quitar al Consejo de Participación Ciudadana la facultad para designar las autoridades de control. Lo hace justo cuando el Comité por la Institucionalización Democrática y el movimiento Ahora 65 se aprestan a recoger firmas para eliminar el organismo en un referéndum y con una reforma parcial a la Constitución.
Desde que se anunció la posible enmienda, pasó más de mes y medio sin concretarse. Finalmente, este 5 de septiembre, la propuesta del legislativo se entregará a la Corte Constitucional para que los jueces analicen si ésta es la vía correcta para hacer el cambio en la Constitución.
Los legisladores no quieren eliminar el Consejo de Participación, sino quitarle su principal función: la designación de autoridades de control. Esta tarea pasaría a la Asamblea, para que el pleno escoja de entre los candidatos.
Con esto, se eliminarían los concursos de méritos y oposición que llevaba a cabo el Consejo. La propuesta es que estos concursos sean sustituidos por “procesos públicos de calificación de méritos y oposición”.
Esa es la idea general. Los detalles del proceso que se emplearía para la designación autoridades, sin embargo, continuarán en análisis. El presidente de la Asamblea, César Litardo, dijo que tienen un año -el tiempo que dura el proceso de enmienda- para “debatir cómo sería el procedimiento”.
El mecanismo propuesto por la Asamblea
El Consejo de Participación, actualmente, designa a las autoridades de dos formas:
- Los Superintendentes, el Procurador y los miembros del Consejo de la Judicatura son designados de las ternas enviadas por diferentes instituciones.
- El Fiscal, el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, los miembros del Consejo Nacional Electoral y los del Tribunal Contencioso Electoral se eligen de las postulaciones personales; los candidatos, además, deben pasar por un concurso de méritos y oposición.
La propuesta de la Asamblea deja las postulaciones iguales. Es decir, que en el primer caso se hagan a través de ternas y en los demás con postulación de ciudadanos.
Por tanto, para los superintendentes, el Procurador y la Judicatura, el proceso sería básicamente el mismo. El cambio está en que sería el Pleno de la Asamblea el que escoja a uno de los candidatos de las ternas.
El cambio está en la designación del Fiscal, el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público, el CNE y el TCE. Para estas autoridades, se eliminarían los concursos de méritos y oposición, para dar paso a “procesos públicos de méritos y oposición”.
El resto seguiría siendo similar al actual:
- La Asamblea sugiere que se cree una comisión técnica presidida por el delegado de la Asamblea.
- Esta Comisión estaría integrada por cinco delegados de las funciones del Estado (uno por cada función), cinco ciudadanos y tres delegados de las instituciones de educación superior.
- Los cinco representantes ciudadanos serían seleccionados por el CPCCS.
- Esta comisión sería la que elabore un informe no vinculante con una lista de 10 elegibles de entre todos los candidatos inscritos a través de un “proceso público de calificación de méritos y oposición”.
- El Pleno deberá elegir de entre esos elegibles.
Hasta ahora, los concursos de méritos y oposición que lleva a cabo el Consejo de Participación están a cargo de comisiones de selección integradas por cinco delegados estatales (uno de cada función del Estado) y cinco ciudadanos. Su trabajo es calificar a los postulantes de acuerdo con la información que presenten. Es decir que el proceso sería básicamente el mismo, solo que con base en el Legislativo.
La propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática, en cambio, propone que una Asamblea bicameral designe a las autoridades. En todos los casos, la iniciativa plantea que sea a través de postulaciones hechas por las instituciones del Estado.
Cambios en la designación de la Corte Constitucional
Las dos propuestas de reforma parcial de la Constitución -del Comité por la Institucionalización y del movimiento Ahora 65- no tocan el procedimiento de designación de la Corte Constitucional.
¿El motivo? Esta no es una responsabilidad del Consejo de Participación, sino de la Función de Transparencia . La Asamblea, sin embargo, también plantea cambiar el proceso para nombrar a los nueve jueces de esa institución.
Los legisladores sugieren que la comisión de selección incluya a tres delegados de las universidades con postgrado en Derecho Constitucional. Actualmente, está conformada solo por dos delegados de la Función Legislativa, Ejecutiva y de Transparencia.
Ahora serán los mismos jueces de la Corte quienes deberán calificar si la enmienda que quiere la Asamblea es viable o no.
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