Asamblea Nacional aprueba reorganizar la Comisión de Fiscalización

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 10 de septiembre de 2020 la reorganización de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Sus miembros habían señalados en el supuesto "reparto" de hospitales y cargos públicos. La nueva integración de la mesa legislativa entrará a trabajar inmediatamente.

El cambio de los miembros de Fiscalización fue aprobado con 85 votos a favor, de legisladores de Alianza PAIS, Revolución Ciudadana, Creo, PSC, SUMA y las minorías. La moción nació del asambleísta Pabel Muñoz (RC).

Los nuevos miembros de la comisión serán definidos en una nueva sesión del Pleno, el próximo lunes 14 de septiembre. Su integración, según la moción de Muñoz, corresponderá "a la representación política" del Pleno de la Asamblea.

Fernando Flores (Creo) y el independiente Fabricio Villamar también habían planteado un cambio de sus integrantes en junio. Pero la propuesta no llegaba a tratarse en el Pleno de la Asamblea.

Frente a la demora en el trámite de esta reestructuración, el mismo Pleno aprobó una resolución en la que exigían al presidente del Legislativo, César Litardo, dé paso a esta petición. La resolución fue aprobada con 123 votos.

Una reestructuración que casi no pasa

Al inicio de la sesión, la tarde del 9 de septiembre de 2020, Litardo anunció que había consultado a la Procuraduría si se podía o no reestructurar la Comisión de Fiscalización. En la respuesta, que leyó el Secretario de la Asamblea, esa institución señaló que no podía proceder el cambio de miembros de esa mesa legislativa pues no está previsto en la ley.

Por esa razón, Alberto Arias (AP) mocionó que se archive la petición de cambiar los miembros de Fiscalización. La propuesta de Arias recibió el respaldo durante el debate de Johanna Cedeño (ex AP), actual presidenta de la Comisión de Fiscalización; y Fausto Terán (ex AP), Ángel Gende (BIN) y Pinuccia Colamarco (independiente), miembros de esa mesa.

Sin embargo, la moción de Arias para no reestructurar y acoger la sugerencia de la Procuraduría obtuvo apenas 48 votos a favor y 74 en contra.

La sesión fue suspendida alrededor de las 22:00 del 9 de septiembre, y retomada la mañana siguiente. Antes de la aprobación de la moción de Muñoz, el Pleno negó las propuestas de José Serrano (AP), Héctor Yépez (Creo) y Fernando Flores (Creo).

Las tareas pendientes

Los nuevos miembros de la Comisión de Fiscalización estarán a cargo de llevar adelante el pedido juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por los hechos del paro nacional de octubre de 2019.

También deberán tramitar el proceso en contra del presidente del Consejo de Participación, Christian Cruz, por presunta obtención fraudulenta de su carné de discapacidad.

De igual manera, están pendientes cinco pedidos de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez. Estos aún no han sido calificados por el Consejo de la Administración Legislativa, a pesar de que el Pleno exigió a Litardo que dé trámite a esos procesos.

Cambios permanentes a Fiscalización

El Pleno de la Asamblea retomará este 10 de septiembre de 2020 el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro de este proyecto de ley, hay cambios que se aplicarán a la Comisión de Fiscalización.

El proyecto plantea que esta mesa legislativa sea una de las comisiones especializadas permanentes del Legislativo. Esto se traduciría en que, a diferencia de lo que pasa actualmente, los asambleístas que integren Fiscalización no puedan ser miembros de otras comisiones.

Esta reforma significaría que existan 14 comisiones permanentes. Actualmente hay 12, y la Ley de Desaparecidos creó una nueva, de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, que aún no se implementa.

Con esto, los 137 asambleístas se repartirían entre las 14 comisiones. Esto resultaría en que cada una de ellas esté integrada por entre nueve y 10 legisladores.

El proyecto de ley que entrará a segundo debate también establece reformas en el trámite de los juicios políticos. Señala, por ejemplo, que la Comisión de Fiscalización puede archivar el pedido o recomendar su paso al Pleno. Con esto, se evitaría dejar "en el limbo" los juicios políticos, como sucedió en el caso de Diana Atamaint y María Paula Romo.

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