La mesa legislativa que debe encargarse de investigar y fiscalizar está ahora cuestionada por la probidad de sus miembros para hacer esa tarea. Por eso, asambleístas piden su reestructuración.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional está acorralada. El organismo encargado de investigar y determinar responsabilidades políticas ha sido cuestionado por su inacción desde su creación. Pero, ahora esas críticas tienen nombres y apellidos.
Los interminables escándalos de corrupción, que llegan hasta las curules del Parlamento, alcanzan a varios de los legisladores que conforman la mesa de Fiscalización, con el polémico caso conocido como el reparto de hospitales.
Por eso, el asambleísta independiente Fabricio Villamar pidió que se reestructure la Comisión, para reemplazar a los funcionarios mencionados en los casos investigados por la Fiscalía y sobre quienes haya indicios de haber participado en repartos políticos.
Según Villamar, la legislatura no puede permanecer indiferente ante los hechos que perjudican su imagen y tiene que dar una respuesta a los ecuatorianos. Entre esas acciones está el pedido de crear una nueva comisión ocasional que investigue precisamente estas denuncias en contra de los legisladores.
Aunque la petición fue aceptada para que sea discutida por el pleno, dependerá de la voluntad política de los legisladores para que se apruebe lo solicitado. Hasta el cierre de esta edición, la sesión donde debía tratarse el tema no finalizaba.
¿Quiénes conforman la Comisión de Fiscalización?
En mayo de 2019, la Asamblea empezó la segunda mitad de su periodo con el cambio de autoridades y la reestructuración de las mesas. Fue precisamente la Comisión de Fiscalización la que causó discordias en esa elección.
La presidencia de esa mesa había sido solicitada para el asambleísta Eliseo Azuero, integrante de la Bancada de Acción Democrática (BADI). Y los legisladores parte de ese grupo habían dado ya sus votos para la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea.
El asambleísta César Litardo alza los brazos en señal de triunfo tras ser elegido presidente de la Asamblea Nacional, el 14 de mayo de 2019. Flickr Asamblea Nacional.
Sin embargo, en Alianza PAIS consideraron que no podían ceder ese espacio y que debía quedarse en el oficialismo. Fue así que los cabildeos se extendieron durante todo el día. La sesión estuvo convocada originalmente hasta las 16:00. Pero se instaló a las 20:00. Y Azuero se quedó con la vicepresidencia de la mesa.
En esa comisión estaba, originalmente, el legislador Daniel Mendoza, investigado y con prisión preventiva por su presunta vinculación al caso de corrupción en el Hospital de Pedernales.
Ese puesto lo ocupa ahora su alterna Pinuccia Colamarco, quien también fue electa por el movimiento Unidad Primero. A ella le correspondió el voto en contra del juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, con el que el proceso no logró prosperar.
El juicio político era impulsado por la bancada de Creo, entonces aliada del oficialismo. La ausencia de Mendoza ese 31 de enero en la Asamblea, permitió que Colamarco se presentara y votara en contra de que el juicio pase al Pleno.
Mendoza, la primera pieza del dominó
La Comisión de Fiscalización no sabía que sus problemas empezaban con la detención del asesor del legislador Mendoza, también expresidente de la Comisión de Régimen Económico.
Mendoza enfrenta una investigación fiscal por delincuencia organizada, dos pedidos de destitución y ya no recibe su sueldo de legislador. Pero, su alterna tampoco está fuera del foco de las investigaciones.
Los legisladores de Creo pidieron a la Fiscalía que investigue a todos los miembros de la Asamblea, pero especialmente a los de la Comisión de Fiscalización.
Según ellos, la presidenta del CNE habría comprado protección en el Parlamento. Lo dicen por la ausencia de Mendoza y el voto de Colamarco que salvó a Atamaint del juicio político en su contra.
Pero, el escándalo del reparto de hospitales y otros acuerdos con el Gobierno que salpica a varios legisladores llegó para remecer a otros miembros de la misma mesa.
Entre los mencionados en las distintas denuncias están:
- La oficialista y manabita Karina Arteaga: las denuncias de corrupción la señalan como presunta receptora de cargos en Chone. Además, sobre la legisladora pesa una denuncia por el caso ‘diezmos’, que investiga la Fiscalía. Y su ausencia a la sesión de Fiscalización sobre el juicio a Atamaint también colaboró a que este no llegue al pleno y le costó una sanción por parte de Alianza PAIS.
- El vicepresidente Eliseo Azuero: está acusado de, presuntamente, haber recomendado a Jorge Jalil para la Subdirección del Servicio de Contratación de Obras, quien está fugado por su vinculación en el caso del Hospital de Pedernales.
Además, la oficialista y presidenta de la mesa, Johana Cedeño, y su compañero Fausto Terán tenían cercanía con Mendoza y preparaban su salida de Alianza PAIS previo a la convención nacional prevista para febrero, que nunca sucedió por las tensiones internas, y con miras a las elecciones de 2021.
El saldo fiscalizador de la Comisión vigente
Desde su posesión en mayo de 2019, por esa comisión han pasado cinco pedidos de juicio político. Tres llegaron al pleno.
- Verónica Espinosa, exministra de Salud, fue censurada en una sorpresiva reconsideración de la votación en el pleno de la Asamblea, el 14 de agosto de 2019. El día del juicio político, los votos no fueron suficientes para lograr la censura de la exfuncionaria. Ella era acusada de incumplimiento de funciones por problemas con las pruebas de VIH, adquiridas por el Ministerio.
- El sacerdote José Tuárez, Rosa Chalá, Walter Gómez y Victoria Desintonio, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana, fueron destituidos por el Legislativo, el 14 de agosto de 2019. Los cuatro funcionarios llevaban cerca de un mes en funciones y fueron electos mediante votación. La acusación en su contra fue por incumplimiento de funciones.
- El juicio político al exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, llegó al pleno el 16 de enero de 2020 pero no hubo los votos suficientes para su censura. Lo acusaban de incumplir con la asignación de presupuestos para las casas de Cultura.
- El 12 de diciembre la Comisión de Fiscalización archivó el pedido de juicio político planteado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones. Esa mesa tiene mayoría oficialista.
- El 31 de enero de 2020 a la Comisión le faltó un voto para aprobar el informe del juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint.
Además, cada que se requieren investigaciones, como la del caso del mismo legislador Mendoza, la Asamblea crea nuevas comisiones ocasionales en vez de delegarle ese trabajo a la mesa permanente de Fiscalización.
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