El presidente Lenín Moreno aceptó que los asambleístas piden cargos en la administración pública, aunque negó que se hayan entregado hospitales. Las denuncias apuntan a un intercambio de puestos políticos por votos para las iniciativas del Ejecutivo.
En medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y de las denuncias por sobreprecios y corrupción, la acusaciones por el reparto de los hospitales a los asambleístas ponen la atención en el Legislativo nuevamente.
Estas nuevas denuncias vuelven a poner a la Asamblea en el centro de las críticas y sospechas.
Investigaciones periodísticas de los portales Periodismo de Investigación y La Historia, así como de los medios públicos de la Prefectura de Pichincha señalan a más de una decena de asambleístas.
Los legisladores supuestamente habrían recibido cargos en los hospitales para amigos y conocidos en sus provincias, a cambio de sus votos en la Asamblea. El mismo presidente Lenín Moreno admitió que este tipo de peticiones existen, aunque negó que se hayan llevado a cabo.
En una entrevista con el canal colombiano NTN24, el Presidente dijo: “todo el mundo sabe que en más de una ocasión los asambleístas solicitan cargos. La decisión que tomamos en la cúpula de gobierno es que no se iba a entregar absolutamente ninguno de esos cargos a nadie”.
El tema viene de la mano de la debilidad del oficialismo en la Asamblea. Sin una mayoría y con un bloque poco disciplinado, al Gobierno se le ha complicado pasar sus iniciativas, sobre todo en el campo económico.
La llamada Ley de Crecimiento Económico fue archivada, y la Ley Humanitaria perdió toda su parte recaudatoria.
En ese escenario, al Ejecutivo le ha tocado negociar, no solo con su otros bloques sino incluso dentro Alianza PAIS.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha sido la encargada de estos diálogos, y por ejemplo estuvo detrás del acuerdo con Creo y las minorías BIN y BADI, con el que se escogió a César Litardo como presidente de la Asamblea.
La negociación para seleccionar a Litardo se dio puertas adentro de la Asamblea: los votos por la propuesta oficialista se cambiaron por las presidencias de las comisiones legislativas y los puestos en la Comisión de Fiscalización y Control Político.
Una calificación especialmente baja
La nueva acusación del reparto de los hospitales llega en un momento complejo para la Asamblea: tiene menos del 10% de aprobación, su calificación más baja desde 2017.
La aprobación a la gestión de los legisladores y la credibilidad en su palabra se mantienen a la baja desde mayo de 2017, es decir, desde que fueron posesionados. Según Cedatos, la credibilidad en la palabra de los asambleístas a mayo de 2020 está en apenas el 7,9%.
El escándalo golpea a la Asamblea a menos de un año de que termine su período. Las elecciones están previstas para el 7 de febrero de 2021, y aunque esta fecha cambie por la emergencia sanitaria, los nuevos legisladores deberán ser posesionados el 14 de mayo de 2021.
Mientras tanto, el bloque oficialista se ha mantenido en silencio frente a las acusaciones. Quien sí emitió su criterio sobre las denuncias es el secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán.
“Este, y cualquier otro gobierno del Ecuador y del mundo, pide recomendaciones. Eso es lícito (…). De ahí a que nombre personas a cambio de votos hay una diferencia muy grande”
Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete
Escándalo tras escándalo
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El audio entre José Serrano y Carlos Pólit
El entonces fiscal general Carlos Baca Mancheno reveló en febrero de 2018 un audio en el que se escucha una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el contralor Carlos Pólit.
En el audio se escucha a Serrano decir que hay que “bajarle” del cargo a Baca. La presentación del audio se hizo en una rueda de prensa, cuando Pólit había huido del país después del escándalo por Odebrecht.
El escándalo terminó con la separación de Serrano de la Presidencia de la Asamblea y la destitución de Baca por juicio político. Elizabeth Cabezas fue designada titular del Legislativo.
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23 casos de “diezmos”
La legisladora Norma Vallejo (Alianza PAIS) recibió denuncias por cobros de los sueldos de su equipo de trabajo en noviembre de 2018.
En enero de 2019, un exasesor de la asambleísta Ana Galarza (Creo) denunció a la legisladora por supuestamente haberles exigido pagos irregulares de su sueldo.
Las acusaciones llegaron incluso a la entonces vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, por su gestión cuando era asambleísta.
Galarza y Vallejo fuero destituidas de la Asamblea, por gestionar cargos públicos, una prohibición expresa para los legisladores.
Incluidos estos dos casos, hay denuncias contra 23 asambleístas por cobro de “diezmos”. La mayoría llegaron al Legislativo con Alianza PAIS.
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Sofía Espín, destituida
La asambleísta correísta Sofía Espín fue destituida de la Asamblea en noviembre de 2018, después de que se le acusó de “incompatibilidad de funciones”.
Un video en el que Espín entraba a la cárcel de Latacunga, presuntamente para visitar a Jéssica Falcón, exagente de Inteligencia, se difundió a través de redes sociales.
La legisladora presuntamente había ido a conversar con la detenida a la Cárcel 4, para pedir que se retractara de su testimonio, en el que señalaba al expresidente Rafael Correa dentro del caso Balda.
En diciembre de 2019, la Fiscalía se abstuvo de acusarla en el proceso por supuesto tráfico de influencias que se llevó en su contra. Fue sobreseída por la Justicia.
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La conversación entre Cabezas y Romo
Un audio en el que la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, habla sobre la negociación de votos para la apertura de una investigación en el caso INA Papers, fue difundido a través de las redes sociales en marzo de 2019.
Cabezas supuestamente hablaba con la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En él, la Presidenta se refería a la negociación con el Partido Social Cristiano para frenar la investigación.
El escándalo se dio meses antes de que la Asamblea renovara sus autoridades. Cabezas era la primera opción del oficialismo, pero la filtración del audio y la contratación de la empresa de comunicación de una exasesora de su despacho dieron el paso al nombramiento de César Litardo.
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El juicio político a Atamaint y la ruptura del pacto
El “acuerdo legislativo” que logró poner a César Litardo en la Presidencia de la Asamblea y repartir las comisiones llegó a su fin en diciembre de 2019.
El voto de la alterna del oficialista Daniel Mendoza, Pinuccia Colamarco, salvo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, de ir a juicio político en el Pleno de la Asamblea.
El voto de Colamarco se dio a pesar de que Alianza PAIS y Creo, que impulsaba el juicio político, habían acordado votar juntos en los procesos de fiscalización.
El voto fue el fin del acuerdo, del que también participaron las minorías.
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