Los supuestos casos de diezmos en la Asamblea se han hecho públicos desde 2018. De ellos solo uno tiene sentencia y en otro está pendiente el juicio. Los demás siguen en indagación previa.
Un año y medio después de que el escándalo por cobro de diezmos en la Asamblea explotara, las investigaciones y procesos penales han avanzado solo en dos casos.
El primero en llegar a sentencia fue el de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña. La Corte Nacional de Justicia la encontró culpable de haber exigido pagos de más de USD 42.000 a sus excolaboradores, en la época en que fue asambleísta (2009-2017).
Ese dinero era para financiar su movimiento político Alianza Bolivariano Alfarista (ABA).
Fue sentenciada a un año de prisión. Pero este miércoles, 5 de febrero de 2020, la Corte analizará un pedido de suspensión condicional de la pena que podría mantenerla fuera de prisión.
Mientras que la exlegisladora Norma Vallejo espera una nueva fecha para su juicio, luego de dos diferimientos.
Al igual que Vicuña, la exasambleísta fue acusada por concusión luego de que dos de sus excolaboradores presentaron audios y chats que evidenciaban cómo Vallejo les exigía aportes.
En la congeladora
Además de los casos de Vicuña y de Vallejo, al menos 23 acusaciones más se hicieron públicas desde septiembre de 2018.
Estas apuntan a cuatro exasambleístas, siete legisladores que ya estuvieron en la Asamblea en el periodo 2013-2017 y que fueron reelectos, además de 12 legisladores que están en su primer período.
En este último grupo se incluye a Ana Galarza, quien fue destituida por gestionar cargos públicos. Y a José Serrano, aunque la denuncia por supuestos diezmos llegó de un excolaborador de cuando Serrano era ministro del Interior.
Públicamente, con denuncias formales ante la Fiscalía o a través de redes sociales, se han hecho acusaciones por cobros de diezmos contra los siguientes políticos:
El fuero estorba
La investigación -por tratarse de asambleístas que tienen fuero de corte- recayó en la Fiscalía General del Estado. Tres titulares de esta entidad han trabajado en estos procesos.
El 11 de septiembre de 2018, el exfiscal Paúl Pérez informó que el Ministerio Público iba a indagar de oficio los casos de diezmos, es decir, sin necesidad de una denuncia formal.
Sin embargo, a la entidad llegaron varias denuncias de excolaboradores que aseguran haber sido víctimas del cobro de aportes a cambio de conservar sus puestos de trabajo.
Tras la renuncia de Pérez, el cargo lo asumió -también como encargada- la entonces fiscal Ruth Palacios.
En enero de 2019, Palacios confirmó que había investigaciones abiertas por varios delitos a 19 asambleístas y exasambleístas.
Finalmente, en abril de 2019, asumió la Fiscalía Diana Salazar. Previamente, como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Salazar ya había comenzado una investigación por los diezmos en la legislatura.
Ya como Fiscal, su trabajo en este caso desembocó en el llamamiento a juicio a Vallejo y Vicuña, y la reciente sentencia para la segunda.
El lunes 3 de febrero de 2020, PRIMICIAS ingresó al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) y consultó las causas penales que tiene cada uno de los 23 políticos que han sido señalados de cobrar diezmos.
En ningunos de los casos hay procesos relacionados con estos cobros. Esto quiere decir que todas los procesos continúan en indagación previa y son reservados.
Esta etapa del proceso puede durar hasta dos años. Si luego de ese lapso no se formulan cargos, los casos se archivarán.
Lenín Rodríguez, exasesor de la destituida Ana Galarza y quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía, dice que el caso no se ha movido últimamente. No han sido llamados a nuevas diligencias, ni tampoco hay visos de que el caso pase de la indagación previa.
Fabricio Villamar, asambleísta independiente, quien empezó la investigación de los diezmos legislativos y realizó varias denuncias ante la Fiscalía, reclama que solo haya habido celeridad en dos casos: el de Vallejo y el de Vicuña.
“Siempre nos queda la duda: ¿y los otros 17 o 18 casos que están en conocimiento de la Fiscalía, para cuándo?
Fabricio Villamar, asambleísta
Práctica común
En los últimos dos periodos legislativos, Alianza PAIS obtuvo la mayoría de las curules. El 56% de los casos de supuestos diezmos apuntan a legisladores de esa tienda política.
Christian Viteri, quien fue asambleísta por el oficialismo en el período 2013-2017, dijo cuando estalló el escándalo que quien encabezaba el cobro de diezmos era el expresidente Rafael Correa.
Según el exlegislador, hoy procesado junto a Correa en el caso “Sobornos 2012-2016”, el expresidente reunía a todos los asambleístas de la bancada de Alianza PAIS en Carondelet y exponía públicamente a quienes no habían cumplido con el pago mensual de USD 400.
Según el Régimen Orgánico de Alianza PAIS, los adherentes al movimiento que son electos para una dignidad o que ocupan cargos públicos están en la obligación de aportar un porcentaje mensual de sus sueldos para la organización.
Durante el auge de esta organización política, en el gobierno de Correa, el importe llegó al 10% de los sueldos de asambleístas, alcaldes, gobernadores, prefectos y demás funcionarios y de las autoridades de distintas instituciones.
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